La defensa de las personas investigadas por el proceso relacionado con la construcción de hospitales durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro cuestionó la decisión de suspender los contratos y señaló que el Ministerio Público no contaría con elementos suficientes para sustentar las acusaciones.
Los abogados sostienen que las actuaciones de sus representados se realizaron dentro de los procedimientos administrativos correspondientes y consideran que la investigación fiscal debe establecer con precisión cuáles son las responsabilidades individuales de cada una de las personas señaladas.
La controversia surge luego de que el Ministerio Público emprendiera acciones en torno a los procesos de contratación para la construcción de hospitales, mientras las defensas reclaman que no se ha demostrado de manera suficiente la existencia de irregularidades que justifiquen las medidas adoptadas.
Los representantes legales también cuestionaron que la suspensión de los contratos pueda afectar proyectos considerados prioritarios para el sistema sanitario nacional y pidieron que cualquier decisión se adopte con base en elementos técnicos, jurídicos y financieros.
La defensa insistió en que sus representados deben gozar de la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme que determine responsabilidad penal.
El Ministerio Público, por su parte, deberá continuar con las diligencias investigativas para establecer si existieron delitos o irregularidades en los procesos de contratación y ejecución de los proyectos hospitalarios.
El caso permanece bajo investigación y será la autoridad judicial competente la que determine, conforme avance el proceso, si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades.
