El general en condición de retiro y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, continuará en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, relacionados con publicaciones y señalamientos contra periodistas.
El Juzgado de Letras Penal concluyó este miércoles la audiencia de declaración de imputado y determinó imponerle medidas sustitutivas a la prisión preventiva, conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal.
La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, informó que el tribunal estableció tres medidas cautelares para el exjerarca militar: presentarse una vez al mes a firmar ante el juzgado, no salir del país y abstenerse de mantener cualquier tipo de comunicación con las víctimas.
La audiencia inicial fue programada para el martes 1 de septiembre a las 9:00 de la mañana. En esta diligencia se conocerán los elementos de prueba presentados por las partes y se determinará si existen méritos suficientes para que el proceso avance a una nueva etapa.
Hernández deberá cumplir las medidas impuestas mientras continúa el proceso judicial. La prohibición de comunicación con las víctimas busca evitar cualquier posible interferencia durante el desarrollo de las diligencias.
Salida entre empujones y seguridad
Al finalizar la audiencia, Roosevelt Hernández salió de las instalaciones judiciales acompañado por un grupo de seguridad, mientras varios medios de comunicación intentaban obtener sus declaraciones.
El dispositivo de seguridad dificultó el acceso de los periodistas y, durante la salida, se registraron empujones y atropellos que impidieron conocer las declaraciones del exjefe militar.
El caso se origina en publicaciones difundidas durante 2025 a través de medios digitales vinculados a las Fuerzas Armadas, en las que fueron señalados periodistas por sus cuestionamientos al accionar de la institución castrense.
La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia presentó el requerimiento fiscal contra Hernández, al considerar que las publicaciones y expresiones atribuidas al entonces jefe militar podrían constituir actos de incitación a la discriminación y limitación de derechos fundamentales.
Con la imposición de las medidas cautelares, el proceso continuará sin que Hernández permanezca bajo prisión preventiva. La próxima fecha clave será el 1 de septiembre, cuando el juzgado deberá analizar los elementos aportados por las partes y resolver sobre la continuidad de la causa penal.
