El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) adoptó varias medidas para fortalecer la lucha contra las estructuras criminales en Honduras, entre ellas la declaratoria de grupos criminales como terroristas, la creación de circuitos judiciales especializados y un régimen especial para privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que las decisiones fueron tomadas durante una reunión del CNDS y explicó que, tras las reformas al Código Penal aprobadas por el Legislativo, el Consejo tiene la facultad de declarar como terroristas a estructuras criminales cuando exista información y evidencia de que están causando graves daños a la población.
Zambrano confirmó que ya fueron declarados grupos terroristas, aunque evitó revelar sus nombres para no alertar a sus integrantes sobre las acciones que podrían ejecutar los cuerpos de seguridad.
El titular del Legislativo aseguró que existe voluntad de las instituciones de seguridad para enfrentar a las estructuras criminales y afirmó que el Congreso Nacional respaldará las medidas mediante leyes, presupuesto y herramientas para los operadores de seguridad y justicia.
Régimen especial para reos de alta peligrosidad
Entre las medidas anunciadas se contempla una reforma para establecer un régimen especial de comunicación para integrantes de grupos declarados terroristas y privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
Según explicó Zambrano, estas personas ya no tendrían el régimen de comunicación abierto con familiares, amigos y abogados, sino que estarían sujetas a controles más estrictos.
La reforma también contempla que integrantes de estructuras de criminalidad organizada vinculadas a grupos declarados terroristas puedan ser trasladados a módulos de máxima seguridad, incluso cuando todavía se encuentren enfrentando un proceso judicial y no tengan una sentencia condenatoria.
Agencia Nacional contra el Crimen
El CNDS también aprobó el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), cuyo objetivo será coordinar el trabajo entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otros operadores de justicia.
Zambrano informó que el coronel Juan Alberto Ruiz Cerrato fue nombrado como coordinador o director de esta agencia.
Tribunales especializados
Otra de las decisiones adoptadas contempla la creación de circuitos judiciales especializados para conocer casos relacionados con terrorismo.
Estos circuitos incluirían tribunales, cortes de apelaciones y fiscalías especiales. De acuerdo con Zambrano, los jueces y fiscales que participen en estos procesos deberán contar con medidas especiales de seguridad debido a la naturaleza de los casos.
Descartan un nuevo estado de excepción
Al referirse a la posibilidad de implementar nuevamente un estado de excepción, Zambrano manifestó que no considera necesario recurrir a esta figura debido a las nuevas herramientas legales que tendrán los cuerpos de seguridad.
El presidente del Congreso señaló que se pretende establecer una figura de flagrancia permanente para las estructuras declaradas terroristas, lo que permitiría actuar contra sus integrantes y posteriormente someter las actuaciones a la convalidación de los órganos de justicia.
Más policías y militares en las calles
El CNDS también autorizó a las Fuerzas Armadas identificar, capacitar y seleccionar nuevo personal para incorporarlo a la Policía Militar de Orden Público.
Asimismo, se autorizó al ministro de Seguridad y al director de la Policía Nacional identificar y capacitar más elementos para fortalecer unidades especiales como TIGRES, Cobras y GOET.
Zambrano afirmó que el objetivo es contar con más personal certificado y capacitado para desplazarse a zonas consideradas de mayor peligrosidad.
Además, informó que se buscarán recursos para fortalecer a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con armas, chalecos, vehículos, tecnología y drones.
El titular del Congreso sostuvo que, mientras se concreta la adquisición de nuevo equipo, las instituciones de seguridad deberán continuar ejecutando las acciones contra la criminalidad con los recursos actualmente disponibles.
