El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una nueva legislación orientada a combatir las asociaciones terroristas, maras y pandillas, al tiempo que incorpora cambios al sistema penitenciario para el manejo de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad.
La aprobación se produjo durante una sesión en la que participaron autoridades de seguridad, encabezadas por el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez. Desde el Legislativo se planteó que las instituciones responsables deberán demostrar resultados con la aplicación de las nuevas disposiciones.
Uno de los principales cambios establece un régimen especial para privados de libertad identificados como integrantes de asociaciones terroristas declaradas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), así como para miembros de maras y pandillas. La medida también alcanza a personas cuya alta peligrosidad y agresividad haya sido determinada judicialmente por su vinculación con organizaciones criminales.
El nuevo régimen contempla el aislamiento individual en celdas de máxima seguridad y limita la convivencia entre internos. También establece controles sobre el acceso a dispositivos electrónicos, las visitas, las comunicaciones telefónicas y el manejo de dinero en efectivo.
Los privados de libertad sometidos a estas condiciones tendrán además una hora semanal destinada a permanecer en espacios para recibir sol y utilizar el patio. La normativa establece restricciones para su participación en actividades colectivas y determina que quienes sean considerados de alta peligrosidad no podrán ser trasladados a centros penitenciarios abiertos, preventivos o de carácter agroindustrial.
La reforma también modifica disposiciones relacionadas con la Policía Nacional. Entre sus nuevas responsabilidades se incluye combatir y desarticular asociaciones terroristas declaradas por el CNDS, además de las estructuras identificadas como maras y pandillas.
En el caso de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), la legislación establece mecanismos de coordinación con la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario para las acciones contempladas dentro de la normativa.
La ley incorpora igualmente medidas excepcionales y temporales destinadas a proteger la identidad y seguridad de jueces y personal auxiliar que intervengan en procesos judiciales relacionados con integrantes de estas organizaciones.
Restricciones para motocicletas
Como parte de las disposiciones aprobadas, también se establecen durante 12 meses una serie de restricciones relacionadas con la circulación de motocicletas.
Entre ellas se contempla la prohibición de que dos hombres se movilicen en una misma motocicleta, así como disposiciones relacionadas con la portación de armas de fuego y objetos cortantes.
La normativa también establece controles sobre el uso de pasamontañas u otros elementos para cubrir el rostro, las placas adulteradas y las modificaciones de los sistemas de escape para aumentar el nivel de ruido.
Asimismo, se contemplan restricciones temporales para la circulación de motocicletas en determinadas zonas y horarios.
Tras la aprobación, el Poder Ejecutivo dispondrá de 30 días, una vez publicado el decreto en La Gaceta, para realizar las adecuaciones reglamentarias que sean necesarias para la aplicación de las nuevas disposiciones.
Durante la discusión, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez Aguilera, sostuvo que las instituciones enfrentan un escenario que demanda decisiones frente a las estructuras criminales.
“Hoy estamos a prueba como sociedad, las estructuras criminales han llegado a un nivel de retar al Estado de manera abierta, por lo que es tiempo de tomar decisiones contundentes”, manifestó.
El director de la Agencia Nacional contra el Crimen, Julio Alberto Ruiz Cerrato, destacó la coordinación entre las instituciones estatales como un elemento necesario para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales.
Mientras tanto, el director del sistema penitenciario, Walter Iván Amador, señaló que las estructuras criminales modifican sus métodos de operación, por lo que las autoridades deben mantener estrategias para responder a esa evolución.
Durante el debate legislativo también surgieron propuestas vinculadas con la aplicación de la normativa. La diputada Saraí Espinal planteó incorporar una bonificación en el Presupuesto General de la República 2027 para los agentes de la Policía Nacional y la PMOP que participen en la ejecución de las nuevas medidas.
El diputado Rafael Sarmiento hizo referencia a las acciones implementadas durante la administración anterior mediante el estado de excepción y sostuvo que estas tuvieron efectos en la lucha contra delitos vinculados a estructuras criminales.
Por su parte, el diputado Kilvett Bertrand señaló que la nueva legislación no equivale a establecer un estado de excepción y respaldó la aprobación de las reformas.
El secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, planteó que la aprobación de la ley constituye el inicio del proceso y que su aplicación será determinante para conocer los resultados de las medidas.
Durante la discusión, el diputado Carlos Umaña también propuso incorporar media hora diaria de lectura de la Biblia para los privados de libertad considerados de alta peligrosidad y agresividad, planteamiento que vinculó con el respeto de los derechos humanos y la prevención de posibles acciones legales.
