La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) salió al paso de los cuestionamientos sobre la sanción administrativa de 146,457,720 lempiras impuesta a Salvador Nasralla mediante la Resolución N.° SE-3041-2026, emitida el pasado 16 de septiembre.
A través de un comunicado oficial, la institución explicó que Nasralla es considerado “Sujeto Obligado” bajo la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, por lo que debe cumplir con las disposiciones establecidas en materia de financiamiento y rendición de cuentas.
La UFTF aclaró que la resolución fue sustentada en los artículos 22 y 56, numeral 3, de dicha legislación y no en el reglamento establecido mediante el Acuerdo N.° 13-2017.
Según la Unidad, este último instrumento tampoco ha sido utilizado como fundamento para sancionar a Sujetos Obligados durante los procesos correspondientes a las elecciones primarias y generales de 2025.
La institución también defendió sus competencias para emitir la resolución y señaló que sus actuaciones se encuentran respaldadas por las atribuciones que le otorga el artículo 10 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
Sobre el monto de la sanción, la UFTF explicó que los 146.4 millones de lempiras no corresponden a una cifra fijada discrecionalmente. La institución indicó que la cantidad surge de la aplicación de la disposición legal que establece, para una primera infracción, una multa equivalente al doble del valor de los aportes recibidos y que no fueron reportados oportunamente.
De acuerdo con el comunicado, durante el proceso de fiscalización fueron identificadas 21 aportaciones privadas cuyo valor conjunto ascendió a 73,228,860 lempiras y que, según la UFTF, no fueron notificadas dentro del plazo establecido.
Al aplicar el doble previsto en la legislación sobre ese monto, la Unidad determinó una sanción de 146,457,720 lempiras.
La UFTF sostuvo que su actuación forma parte de las funciones de control y fiscalización del financiamiento político y aseguró que continuará aplicando las disposiciones legales bajo criterios de objetividad, independencia e igualdad para los sujetos sometidos a su supervisión.
