La Corte de Apelaciones designada autorizó este martes al viceministro de Contingencias Nacionales y Gestión de Riesgos (Copeco), Nelson Márquez, salir temporalmente del territorio hondureño para participar en una reunión de trabajo relacionada con sus funciones.
La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien explicó que el pleno resolvió de manera parcial la solicitud presentada por la defensa del funcionario durante una audiencia de revisión de medidas.
Silva detalló que el permiso fue concedido por un período determinado, comprendido entre el 18 y el 25 de octubre, por lo que Márquez deberá retornar al país una vez concluida la autorización.
“Se declara con lugar de manera parcial este permiso al alto funcionario de Copeco, se le ha dado un tiempo prudencial para salir del país”, explicó el portavoz judicial a los periodistas que cubren la fuente.
El funcionario se encuentra vinculado, junto con otras personas, a un proceso judicial relacionado con un presunto perjuicio al Estado por 3,084 millones de lempiras, derivado de demandas que, según el Ministerio Público, habrían sido promovidas de manera irregular.
Según el requerimiento fiscal, los hechos tienen su origen en el período posterior al huracán Mitch, ocurrido en 1998. En el año 2000, el Estado de Honduras, con recursos provenientes de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que, de acuerdo con la acusación, no contaba con autorización para operar en el país y posteriormente subcontrató a NAINSA.
La Fiscalía sostiene que en 2001 el organismo cooperante canceló la ayuda debido a inconsistencias relacionadas con el contrato. Años después, ambas empresas habrían promovido acciones legales sustentadas en un laudo arbitral que, según el Ministerio Público, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
El requerimiento fiscal también señala que DRC Inc. suscribió un acuerdo confidencial con NAINSA, pese a que esta última no habría mantenido una relación contractual directa con el Estado hondureño.
Dentro de los hechos investigados, la Fiscalía menciona que en enero de 2020 Márquez, cuando se desempeñaba como secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General de la República un informe legal en el que recomendaba suscribir un acuerdo ejecutivo para evitar una eventual erogación mayor para el Estado.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron un convenio extrajudicial que contemplaba pagos millonarios, mientras permanecían procesos judiciales relacionados con el caso.
Posteriormente, en 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda de cuantía millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones citadas en el requerimiento fiscal, pese a que ya existían antecedentes sobre la nulidad del laudo arbitral, se habrían continuado ordenando pagos al margen de la legislación.
El Ministerio Público también señala dentro del expediente al imputado Héctor Alvarado Mejía, quien en ese momento representaba al Estado desde la Procuraduría General de la República. Según la acusación, Alvarado no asistió a una de las audiencias consideradas relevantes para el proceso y justificó su ausencia mediante un certificado médico cuya autenticidad fue cuestionada en el informe fiscal.
La autorización concedida a Márquez es temporal y establece su retorno a Honduras el 25 de octubre, mientras el proceso judicial en su contra continúa su curso.
