El Gobierno de Honduras mantiene negociaciones con la Concesionaria Vial para asumir una deuda cercana a los 42 millones de dólares y recuperar la administración de un tramo del Canal Seco, con el objetivo de garantizar su mantenimiento con recursos nacionales y evitar la instalación de una nueva caseta de peaje, informó el ministro del Sistema de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler.
El funcionario explicó que el contrato de concesión, suscrito en 2016 para la administración de la carretera CA-5 y el Canal Seco, contemplaba cuatro casetas de peaje, incluida una en Lamaní, que no llegó a instalarse debido a los acontecimientos registrados en 2017. Ante esa situación, el acuerdo establecía que el Estado debía pagar a la concesionaria un ingreso mínimo garantizado anual mientras la caseta no entrara en funcionamiento.
Ehrler señaló que, pese a que en 2022 se habían encaminado las condiciones para poner a punto el tramo carretero, entre ese año y 2025 no se ejecutaron las inversiones necesarias ni se regularizaron los pagos, lo que contribuyó a que la deuda alcanzara aproximadamente los 42 millones de dólares.
Ante este escenario, el Gobierno propone cancelar las obligaciones pendientes mediante un plan de pagos a tres años. Como parte de las conversaciones, la empresa concesionaria aceptó no cobrar el ingreso mínimo garantizado correspondiente a 2026, mientras se definen los compromisos presupuestarios para los años 2027, 2028 y 2029.
“La intención es regularizar las obligaciones pendientes, evitar posibles demandas y dejar el contrato en condiciones adecuadas para las futuras administraciones”, manifestó el titular de la SIT, quien recordó que la concesión tiene vigencia hasta 2038.
Asimismo, detalló que el Estado también cubre parte de la diferencia entre las tarifas actuales de peaje y las establecidas en el contrato. Por este concepto, se contempla un desembolso de 256 millones de lempiras durante este año, mientras que los saldos pendientes se prevé cancelarlos entre octubre y noviembre.
Además, para cubrir la diferencia tarifaria correspondiente a 2026 y 2027, se proyecta destinar alrededor de 400 millones de lempiras. Las negociaciones buscan definir las condiciones financieras y administrativas que permitan al Estado asumir la gestión del tramo y garantizar su conservación sin recurrir a la instalación de una nueva caseta de peaje.
