El Congreso Nacional aprobó este lunes una reforma a la Ley de Privación de Dominio que permitirá utilizar recursos económicos incautados durante operativos para fortalecer el presupuesto de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Honduras.
El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que la medida busca proporcionar mayores recursos a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado, entre otras dependencias.
Zambrano señaló que las instituciones podrán disponer del dinero incautado durante el desarrollo de los procesos judiciales. Sin embargo, indicó que, si posteriormente se emite una sentencia favorable a la persona afectada, la Secretaría de Finanzas deberá garantizar la devolución de los fondos, incluidos los intereses establecidos por la ley.
“Puedan hacer uso del dinero incautado durante el proceso, y si en el futuro se dicta una sentencia de privación favorable a la persona a la que se le incautaron los recursos, en este decreto queda Finanzas como aval”, manifestó el titular del Congreso.
De acuerdo con la distribución detallada por Zambrano, el 25 % de los recursos se asignará a la Secretaría de Defensa, otro 25 % a la Secretaría de Seguridad, un 15 % al Ministerio Público y otro 15 % a la Corte Suprema de Justicia. Además, la OABI recibirá el 10 %, la Dirección de Inteligencia el 5 % y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado el 5 % restante.
Durante la discusión, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, expresó que cualquier iniciativa dirigida a proteger la vida de los ciudadanos merece consideración. No obstante, cuestionó que los fondos incautados se transfieran directamente a la Secretaría de Seguridad y planteó que deberían ingresar a la Caja Única del Tesoro para garantizar mayores controles sobre su utilización.
Lobo advirtió que la transferencia de estos recursos debe contar con mecanismos de supervisión que permitan asegurar su manejo transparente y evitar consecuencias negativas para las instituciones y la seguridad del país.
Por su parte, el diputado nacionalista Remberto Alexander Zavala respaldó la reforma al señalar que existen casos en los que las personas obtienen sentencias favorables después de años de litigio, pero al acudir a la OABI para recuperar su dinero descubren que los fondos ya fueron utilizados.
Zambrano argumentó que los procesos judiciales relacionados con la privación de dominio pueden prolongarse entre 10 y 15 años. Añadió que las restituciones ordenadas por los tribunales pueden incluir el capital, los intereses y otros conceptos legales, como los gastos de representación y honorarios.
Reglamentación y controles
La reforma establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) deberá aprobar la reglamentación para aplicar los nuevos procedimientos. Esta deberá definir los requisitos, criterios de elegibilidad, exclusiones, mecanismos de trazabilidad, registros, controles, evaluaciones de riesgo y capacidad de restitución.
También tendrá que establecer las condiciones para la distribución y transferencia de los recursos, así como los mecanismos de fiscalización y devolución anticipada, con el propósito de regular el uso de los fondos incautados mientras se resuelven los procesos judiciales.
