El jefe de operaciones de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Christian Nolasco, advirtió que policías, fiscales, jueces y abogados podrían enfrentar detenciones por su presunta colaboración con estructuras criminales, en el marco de las investigaciones relacionadas con el delito de acciones terroristas.
Nolasco aseguró que las investigaciones podrían alcanzar a funcionarios y profesionales del derecho que presuntamente faciliten actividades ilícitas, incluso cuando no formen parte directamente de una organización criminal.
“Vamos a tener policías presos por el delito de acciones terroristas, fiscales presos por el delito de acciones terroristas, jueces presos por el delito de acciones terroristas, abogados, defensores sin ética profesional detenidos por el delito de acciones terroristas, incluso por colaboración, no simplemente por pertenecer a una estructura criminal”, declaró.
El agente indicó que la legislación contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión por el delito de acciones terroristas, incluida la colaboración en este tipo de actividades. Asimismo, defendió los procedimientos de investigación policial y afirmó que las acusaciones deben sustentarse en evidencias verificables.
Explicó que, en los casos relacionados con las pandillas MS-13 y Barrio 18, las autoridades analizan distintos elementos para determinar posibles vínculos con estas estructuras. Entre ellos mencionó las comunicaciones telefónicas, los mensajes, los antecedentes de asociación y otros indicios recopilados mediante labores de inteligencia, más allá de la presencia de tatuajes u otras señales externas.
Nolasco también destacó la coordinación entre las instituciones involucradas y la revisión de las pruebas como parte del proceso que mantiene a 33 personas detenidas y vinculadas a las investigaciones. La responsabilidad penal de los señalados deberá determinarse conforme a las evidencias y las resoluciones judiciales correspondientes.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que el Poder Legislativo está a la espera de los criterios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar en una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.
Según Zambrano, los cambios propuestos buscan contribuir a la reducción de los índices de violencia en el país, en medio del debate sobre las herramientas legales necesarias para combatir la criminalidad y perseguir a quienes colaboren con organizaciones delictivas.
