Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a la Corte de Apelaciones en materia penal de Francisco Morazán agilizar las resoluciones pendientes en el proceso judicial contra el general Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalado por presuntos ataques a la libertad de expresión y la democracia en Honduras.
La petición fue presentada por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) y la organización Joprodeh, mediante un escrito que incorpora argumentos constitucionales, legales y convencionales para respaldar el avance del proceso.
Dina Meza, titular de Asopodehu, explicó que el documento fue presentado bajo la figura jurídica de amicus curiae, conocida como “amigo de la corte”, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a una resolución oportuna de los recursos pendientes y garanticen el acceso a la justicia para las víctimas.
La defensora señaló que las organizaciones mantienen seguimiento al caso debido a sus implicaciones para la libertad de expresión, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en el país.
Meza manifestó su expectativa de que el tribunal resuelva el recurso de apelación presentado por la defensa del general Hernández, lo que permitiría avanzar hacia las siguientes etapas procesales, incluida una audiencia preliminar y, de corresponder, un juicio oral y público.
Denuncian posibles obstáculos para llegar a juicio
Durante sus declaraciones, Meza expresó preocupación por la posibilidad de que existan acuerdos al margen de los procedimientos judiciales que busquen evitar la realización del juicio y favorecer un eventual sobreseimiento del exjefe militar. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a señalamientos de la representante y no fueron acompañadas de pruebas que permitan confirmarlas.
Asimismo, cuestionó la respuesta de la Sala de lo Constitucional ante recursos promovidos por organizaciones defensoras de derechos humanos y afirmó que han enfrentado dificultades para obtener resoluciones oportunas y ejercer su representación en favor de las víctimas.
En sus declaraciones, la defensora también mencionó a la magistrada Sonia Marlina Dubón, a quien atribuyó obstáculos en actuaciones relacionadas con el acceso a la justicia.
Meza se refirió además a la separación de 125 miembros de las Fuerzas Armadas, cifra que mencionó durante la entrevista, y cuestionó que el general Hernández no figurara entre los señalados en ese contexto. También sostuvo que el exjefe militar cuenta con respaldo de la cúpula castrense y planteó posibles intereses políticos alrededor del caso, sin presentar elementos que acrediten esas afirmaciones.
Las organizaciones esperan que los argumentos presentados sean considerados por las autoridades judiciales y que se resuelvan los recursos pendientes para determinar la continuidad del proceso conforme a derecho. La resolución de estos recursos será clave para establecer los pasos siguientes en el expediente judicial.
