El país obtuvo 35.64 puntos de 100 en el Índice Chapultepec 2025. El informe advierte sobre amenazas, agresiones, estigmatización e impunidad, y destaca el caso del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
La libertad de prensa y expresión en Honduras continúa enfrentando un entorno adverso, marcado por amenazas, agresiones, hostigamiento, violencia digital y falta de justicia, advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe sobre la situación de las libertades informativas en el continente americano.
De acuerdo con el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, Honduras se ubicó en la posición 16 de 23 países evaluados, con una puntuación de 35.64 sobre 100, lo que la mantiene en la categoría de “alta restricción”.
La medición comprende el período del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025. Según el informe, Honduras permanece en esta categoría desde 2023, en un contexto relacionado con el inicio del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro y la crisis política en el Congreso Nacional.
Caso Roosevelt Hernández
El reporte de la SIP destacó las denuncias de cuatro periodistas contra el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, por publicaciones difundidas a través de medios oficiales de la institución castrense.
Los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y José Adán López denunciaron una presunta campaña de desinformación y estigmatización en su contra. Entre las publicaciones señaladas figura “Sicarios de la verdad”, difundida el 26 de mayo de 2025.
Según el informe, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por presuntos delitos vinculados con ataques a la libertad de prensa. La investigación buscaba determinar si las publicaciones y otros señalamientos públicos del entonces jefe militar contribuyeron a estigmatizar a los comunicadores y afectar el ejercicio periodístico.
Hernández rechazó las acusaciones y sostuvo que las publicaciones de las Fuerzas Armadas estaban amparadas por la libertad de expresión.
La SIP indicó que el 1 de septiembre una jueza dictó auto de formal procesamiento contra el exjefe militar, con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La defensa solicitó el sobreseimiento definitivo y, según el reporte, el caso quedó pendiente de una resolución de la Corte de Apelaciones.
El informe también señala que el 15 de octubre dos organizaciones de derechos humanos presentaron un escrito de amicus curiae para solicitar una resolución oportuna y el respeto de las garantías de todas las partes.
Agresiones y riesgos para periodistas
La SIP citó datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que documentó 50 alertas de agresiones con motivaciones políticas durante el período analizado. El organismo señaló que actores estatales y políticos figuraron entre los principales presuntos responsables.
Además, el informe recoge que C-Libre registró 60 agresiones contra la libertad de expresión, la prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026. Entre los factores de riesgo identificados figuran los conflictos agrarios y territoriales, las movilizaciones sociales, las denuncias de corrupción y las exigencias de transparencia.
El documento también incorpora las advertencias del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) sobre amenazas, intimidaciones y hostigamiento contra periodistas, situaciones que en algunos casos han provocado desplazamientos forzados.
De acuerdo con las cifras citadas por la SIP, el Conadeh atendió 208 quejas relacionadas con presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión durante 2025.
Preocupación por vigilancia e impunidad
Otro de los puntos señalados en el reporte es la preocupación de C-Libre por el Decreto 84-2026, debido a que, según la organización, la ampliación de las facultades estatales de vigilancia y acceso a información sensible de inteligencia podría tener repercusiones en la privacidad, la libertad de expresión y la protección de las fuentes periodísticas.
La SIP también destacó la persistencia de la violencia y la impunidad como obstáculos para el ejercicio del periodismo en Honduras. Según datos del Conadeh citados en el documento, 103 personas vinculadas a medios de comunicación murieron de forma violenta entre 2001 y 2026.
De esos casos, el 88 % permanece impune, mientras que el 12 % ha derivado en sentencias condenatorias, de acuerdo con las cifras recogidas en el informe.
El reporte concluye que las amenazas y agresiones contra periodistas, sumadas a la falta de esclarecimiento judicial, continúan representando desafíos para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de prensa y expresión en el país.
