Hermes Ramírez explicó que la propuesta contempla sanciones para pigmentaciones relacionadas con maras y pandillas, sujetas a dictámenes técnico-científicos y evaluaciones especializadas.
El abogado Hermes Ramírez aclaró este lunes que las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal forman parte de las acciones planteadas para combatir la criminalidad organizada y aseguró que la propuesta no pretende estigmatizar ni penalizar el uso de tatuajes en general.
El profesional del derecho señaló que existe desinformación sobre la iniciativa promovida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. En ese sentido, explicó que la reforma al artículo 587 establece que las sanciones estarían dirigidas específicamente a las pigmentaciones en la piel alusivas a maras y pandillas, siempre que exista un dictamen técnico-científico previo.
Ramírez indicó que la evaluación de estos casos contemplaría investigaciones especializadas y estudios socioeconómicos para determinar si existe una vinculación de las personas con estructuras criminales. De acuerdo con su explicación, el procedimiento buscaría establecer elementos técnicos que respalden las decisiones de las autoridades.
El penalista también se refirió a la situación de quienes hayan abandonado estas organizaciones y se encuentren en procesos de reinserción social. Según manifestó, la propuesta contempla garantías para estas personas, con el propósito de evitar que su situación sea evaluada únicamente por la presencia de tatuajes.
Asimismo, sostuvo que las medidas se desarrollarían en el marco de una nueva dinámica de seguridad vinculada a la estrategia regional denominada Escudo de América, mediante procedimientos que, según explicó, deberán apoyarse en peritajes científicos para reducir el riesgo de decisiones arbitrarias.
La discusión sobre estas reformas se centra en los alcances de las disposiciones propuestas y los mecanismos para determinar una posible relación con estructuras criminales. Su aplicación deberá sujetarse al texto legal aprobado, los procedimientos correspondientes y las garantías que establece el ordenamiento jurídico.
