Rigoberto Oseguera Mass habilitó la línea telefónica 8791-2158 para que los integrantes de estas estructuras criminales puedan entregarse voluntariamente, mientras las autoridades anuncian operativos y la aplicación de penas más severas.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, lanzó una advertencia a los integrantes de maras, pandillas y del denominado Cartel del Diablo, catalogados como grupos terroristas, para que se entreguen voluntariamente antes de enfrentar operativos policiales.
“Entréguense o serán perseguidos”, manifestó el jerarca policial, al asegurar que Honduras atraviesa un momento de cambio en sus políticas de seguridad, marcado por la aprobación de reformas legales orientadas a endurecer las sanciones contra estas organizaciones.
Oseguera Mass indicó que las acciones de las autoridades estarán dirigidas contra los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo, así como contra quienes colaboren en sus actividades criminales.
“Este es un momento cumbre, es un momento de inflexión en el momento en que se dan reformas que endurecen todas las penas para estos grupos denominados terroristas”, expresó el director policial.
Como parte del llamado, la Policía Nacional habilitó la línea telefónica 8791-2158, a través de la cual personal especializado en tratamiento de testigos atenderá las comunicaciones de quienes decidan entregarse voluntariamente.
“87 91 21 58 es el número al que pueden llamar. Personal especializado en tratamiento de testigos les va a atender”, reiteró Oseguera Mass.
La advertencia se produce luego de que el Congreso Nacional aprobara la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, que contempla modificaciones legales para fortalecer la investigación, persecución y sanción de estas estructuras.
De acuerdo con las reformas al Código Penal descritas por las autoridades, los cabecillas y otros responsables contemplados en la normativa podrían enfrentar penas de 40 años de prisión hasta prisión a perpetuidad, mientras que para los integrantes se establecen condenas de entre 30 y 40 años.
Las autoridades sostienen que las nuevas disposiciones buscan impedir que estas organizaciones continúen desarrollando actividades delictivas y ejerciendo control sobre comunidades desde las calles o los centros penitenciarios.
