Nelson Castañeda considera que la política criminal necesita más recursos y personal técnico, mientras que la exrectora de la UNAH sostiene que las instituciones deben demostrar resultados con el presupuesto que ya reciben.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, señaló que el cumplimiento de las metas de la política criminal de Honduras requiere fortalecer las instituciones de justicia mediante presupuestos suficientes, contratación de personal técnico y mejores condiciones para los operadores del sistema.
Castañeda afirmó que la asignación presupuestaria será un indicador del compromiso del Estado con la implementación de esta política, que reúne medidas para combatir la criminalidad. Aunque reconoció que en el pasado se han impulsado acciones similares, destacó que ahora se presenta un conjunto de medidas de manera integral.
El representante de ASJ advirtió sobre las limitaciones de personal que enfrenta el país para investigar y perseguir los delitos. Según sus cifras, Honduras cuenta con un policía por cada 486 habitantes y alrededor de 700 fiscales.
También cuestionó que el Ministerio Público ofrezca un salario de 21,000 lempiras para la contratación de fiscales, al considerar que las condiciones presupuestarias influyen en la capacidad de las instituciones para atraer personal calificado. A su juicio, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas tienen responsabilidad en la asignación de los recursos.
Castañeda agregó que el aumento presupuestario debe destinarse prioritariamente a fortalecer las capacidades técnicas y operativas, y no concentrarse en incrementos salariales o contrataciones administrativas que no respondan a las necesidades del sistema de justicia.
Por su parte, la socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, sostuvo que las instituciones encargadas de impartir justicia deben demostrar resultados con los recursos que ya reciben antes de solicitar mayores asignaciones presupuestarias.
Su planteamiento se produce en el contexto de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional a la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
Castellanos cuestionó que algunas instituciones soliciten más fondos sin que previamente se evalúe su desempeño y los avances alcanzados con el presupuesto vigente. Ambas posturas ponen en el centro del debate la necesidad de fortalecer el sistema de justicia y establecer mecanismos para medir el uso de los recursos públicos y los resultados de la política criminal.
