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Ministra de Derechos Humanos descarta denunciar tratados internacionales por reformas penales

Leda García Pagán considera necesario revisar la compatibilidad de las nuevas disposiciones con los compromisos internacionales de Honduras y advierte sobre posibles afectaciones al debido proceso.

La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, afirmó que Honduras no necesita renunciar ni denunciar tratados internacionales para aplicar las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. No obstante, señaló que será necesario analizar las nuevas disposiciones para determinar su compatibilidad con los compromisos asumidos por el Estado.

Durante declaraciones a la prensa en el Congreso Nacional, García Pagán explicó que la edad punible ya está establecida en 12 años y que las reformas modifican el mecanismo de abordaje de los casos. Por ello, indicó que es necesario evaluar cómo se aplicarán los cambios antes de emitir valoraciones y recomendaciones definitivas.

La funcionaria reconoció que el país necesita medidas para garantizar la seguridad y la paz de la población, pero advirtió que estas deben implementarse sin vulnerar derechos fundamentales ni desconocer las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En ese contexto, manifestó que las reformas podrían representar “un pequeño golpe al debido proceso” y recordó que los tratados internacionales contemplan garantías como la presunción de inocencia y el respeto al procedimiento legal. Asimismo, señaló que existen mecanismos de control para prevenir vulneraciones que puedan derivar en denuncias ciudadanas o eventuales responsabilidades internacionales para Honduras.

García Pagán también informó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos todavía no ha emitido recomendaciones directas sobre las reformas, debido a que está pendiente conocer el documento final.

La ministra concluyó que el análisis deberá incluir una revisión de los convenios suscritos por Honduras para determinar cómo armonizar las nuevas medidas con las obligaciones internacionales, sin perder de vista el objetivo de garantizar la seguridad y la paz de la población.

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