El organismo señaló que, a septiembre de 2026, Honduras registraba 19,274 personas privadas de libertad, frente a una capacidad instalada de 17,831 espacios.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que el hacinamiento en los centros penitenciarios de Honduras dificulta la convivencia y pone en riesgo la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad.
El delegado adjunto del organismo, Ricardo López, recordó que la privación de libertad restringe el derecho a la libre circulación, pero no elimina otros derechos fundamentales, como el acceso a la alimentación, la salud y la comunicación con sus representantes legales.
López indicó que el Conadeh no se opone a que las personas que cometan delitos reciban las sanciones establecidas por la ley, siempre que existan pruebas y una resolución judicial. Sin embargo, insistió en que las autoridades deben garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento de estas garantías podría generar procedimientos internacionales contra Honduras. También recordó que el hacinamiento ha estado relacionado históricamente con situaciones de emergencia en los centros penales, incluidos incendios y pérdida de vidas humanas.
El funcionario explicó que existe una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo, jueces de ejecución, la Defensa Pública y el Conadeh, que trabaja en acciones para descongestionar el sistema penitenciario. Entre las alternativas mencionó revisar los casos de personas que podrían acceder a medidas sustitutivas a la prisión preventiva, cuando legalmente corresponda.
Alrededor de una decena de centros penales presentan sobrepoblación
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario citadas por el Conadeh, en septiembre de 2026 la población penitenciaria alcanzó las 19,274 personas, mientras que la capacidad instalada del sistema era de 17,831 espacios.
Entre los centros con mayores niveles de sobrepoblación figura el penal de Morocelí, El Paraíso, con 1,826 internos frente a una capacidad de 1,332. En El Progreso, Yoro, se reportaban 1,069 personas para 600 espacios, mientras que en Olanchito la sobrepoblación alcanzaba las 370 personas.
También se reportaron 297 personas por encima de la capacidad en el centro penal de Danlí y 252 en el de Támara, que tiene capacidad para 5,400 privados de libertad.
En cuanto a la situación jurídica de la población penitenciaria hondureña, los datos correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 registran 530 mujeres y 10,313 hombres condenados, mientras que 7,331 hombres y 613 mujeres permanecían procesados.
Respecto a las personas extranjeras privadas de libertad, se contabilizaban 64 hombres y cuatro mujeres condenados, además de 87 hombres y una mujer procesados.
El Conadeh reiteró que las medidas para reducir el hacinamiento deben tomar en cuenta la seguridad de los centros penitenciarios, pero también la protección de la vida, la integridad personal y los derechos fundamentales de quienes permanecen recluidos.
