El gerente general, Guillermo Peña Panting, afirmó que la actual administración busca resolver las controversias mediante acuerdos voluntarios y coordinados con las empresas generadoras.
El gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, aseguró que la renegociación de contratos con generadoras de energía durante el gobierno anterior derivó en demandas por más de 30,000 millones, aunque no precisó la moneda a la que corresponde esa cifra.
En declaraciones a Hondudiario, el funcionario explicó que los procesos relacionados con esas negociaciones generaron litigios en tribunales y arbitrajes nacionales e internacionales, lo que representa una carga para el sistema energético hondureño.
“Lo que ocasionó esa renegociación forzosa fue más de 30.000 millones en demandas en tantos locales, en arbitrajes locales, en arbitrajes internacionales y es una tremenda carga para el sistema que estamos buscando solventar de manera coordinada y voluntaria”, expresó Peña Panting.
El titular de la ENEE sostuvo que la actual administración busca atender las controversias mediante negociaciones voluntarias y acuerdos adecuados con las empresas generadoras. Según indicó, también se pretende recuperar la confianza de los inversionistas y evitar que estos procesos afecten futuras inversiones en el sector eléctrico.
Sobre las reuniones del Gabinete Económico con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Peña Panting pidió esperar un pronunciamiento oficial, al señalar que las conversaciones continúan y todavía no existe una conclusión formal que pueda divulgarse.
La renegociación de contratos energéticos fue impulsada durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, a partir de la reforma del sector eléctrico aprobada en mayo de 2022. Posteriormente, en febrero de 2025, el Congreso Nacional aprobó 18 adendas a contratos entre la ENEE y empresas generadoras privadas.
En aquel momento, el gobierno anterior defendió que los cambios permitirían diversificar la matriz energética y generar un ahorro estimado de 30,000 millones de lempiras en un período de 15 años, además de reducir las tasas de interés del 14 al 6 por ciento.
La aplicación de esas adendas y las controversias surgidas posteriormente forman parte de los asuntos que la actual administración busca resolver para atender las obligaciones pendientes y avanzar en la gestión del sistema energético nacional.
