La comisión remitió 10 líneas de investigación al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La Comisión Técnica Liquidadora informó que los hallazgos detectados en seis instituciones del gobierno anterior representan un posible perjuicio económico de 1,131 millones de lempiras, una cifra que podría aumentar a medida que avance la revisión de documentos.
Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el comisionado coordinador, Ángel Mendoza, explicó que se remitieron 10 líneas de investigación al Ministerio Público y que la documentación también fue trasladada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para las investigaciones correspondientes. Asimismo, indicó que el proceso de supresión y liquidación institucional registra un avance del 90 por ciento.
Entre los hallazgos señalados figuran transferencias superiores a 230 millones de lempiras vinculadas con cajas rurales de ahorro y crédito, cuyas liquidaciones presentan inconsistencias. También se reportó la adquisición de más de 10 mil bienes por parte de Sedecoas sin las respectivas actas de entrega, así como 110 contratos de obras que, según la comisión, fueron pagados anticipadamente en su totalidad, sin que se haya determinado la ejecución efectiva de todos los proyectos.
Otros casos incluyen transferencias cercanas a los 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental cuya dirección registrada presentaba inconsistencias. Además, se identificaron diferencias entre los registros oficiales de migrantes retornados y los beneficios reportados por un programa de asistencia.
Por su parte, el comisionado Mario Celín Simón señaló que las instituciones examinadas administraron alrededor de 27 mil millones de lempiras durante los cuatro años anteriores. Explicó que su supresión permitirá reducir gastos administrativos y liberar recursos para áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y seguridad, aunque no se precisó el monto definitivo del ahorro.
En cuanto al cierre institucional, Mendoza detalló que tres instituciones concluyeron sus procesos en octubre. Convivienda tiene previsto finalizar a mediados de noviembre, mientras que Sedecoas, Red Solidaria y Proasol continuarían con sus procesos hasta el 31 de diciembre, debido a compromisos relacionados con financiamiento externo.
La comisión también indicó que sigue atendiendo obligaciones pendientes con exempleados y proveedores que presenten la documentación correspondiente.
Finalmente, las autoridades aclararon que será responsabilidad del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los hallazgos presentados.
