El organismo también contabiliza 104 muertes violentas de trabajadores de medios de comunicación desde 2001, de las cuales alrededor de 92 permanecen en la impunidad.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 164 casos de periodistas y comunicadores sociales que estuvieron en situación de riesgo o fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2016 y septiembre de 2026. Ante esta situación, exhortó a las autoridades a fortalecer las medidas de protección para garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en Honduras.
Según los datos de la institución, durante los primeros nueve meses de 2026 se atendieron 15 casos de trabajadores de medios de comunicación en situación de riesgo o desplazamiento. Esta cifra se suma a los 149 casos documentados entre 2016 y 2025.
En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre, el Conadeh también expresó su preocupación por los asesinatos de personas vinculadas a los medios de comunicación.
Entre 2001 y 2026, el organismo contabiliza 104 muertes violentas de periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, editores, operadores y propietarios de medios. De ese total, alrededor de 92 casos permanecen impunes.
Los hechos se registraron en cerca de 50 municipios de 16 departamentos. El Distrito Central, en Francisco Morazán, encabeza la lista con 23 muertes violentas de trabajadores de medios; de estas, únicamente dos concluyeron con sentencias condenatorias, mientras que las otras 21 continúan sin resolución judicial.
El organismo también señaló que en nueve departamentos la impunidad alcanza el 100 % de los casos registrados. Entre ellos figuran Islas de la Bahía, Intibucá, Valle, Gracias a Dios, El Paraíso, Olancho, Colón, Copán y Santa Bárbara.
El Conadeh advirtió que la falta de esclarecimiento de estos crímenes genera un efecto intimidatorio entre quienes ejercen el periodismo y representa una amenaza para la libertad de expresión. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, garantizar investigaciones efectivas y evitar que las agresiones contra trabajadores de medios queden sin justicia.
