Registros de planilla de la Secretaría de Educación, según la información divulgada, muestran dos asignaciones salariales a nombre del actual ministro, pese a que el Instituto Nocturno Abraham Lincoln dejó de funcionar hace más de una década.
El nuevo ministro de Educación, José Darío Cruz, habría percibido un salario bruto mensual de 43,700.92 lempiras por dos plazas registradas en el Instituto Nocturno Abraham Lincoln, un centro educativo ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa que cerró sus operaciones en febrero de 2015.
De acuerdo con la información divulgada a nivel nacional, ambas asignaciones continuaban apareciendo en las planillas de la Secretaría de Educación hasta octubre de 2026, a pesar de que el establecimiento ya no funcionaba.
El instituto fue cerrado como parte de un proceso de reorganización educativa y debido a cuestionamientos relacionados con su baja matrícula. En 2014 registraba apenas 191 estudiantes, según los datos históricos citados.
Tras el cierre, Cruz fue trasladado al Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), en Tegucigalpa. Sin embargo, los registros señalados muestran que mantenía dos cargos asociados al centro educativo extinto.
La primera asignación correspondía a un puesto de maestro de educación media, con 10 horas de clase y un salario mensual de 6,442.74 lempiras. La segunda era como consejero de estudiantes, con 36 horas de clase y una remuneración bruta de 37,258.18 lempiras, que incluía pagos por antigüedad, calificación académica, sueldo base y cargo administrativo.
En conjunto, ambas plazas representaban ingresos brutos de 43,700.92 lempiras mensuales. A esa cantidad se le aplicaban deducciones por 4,690.99 lempiras, por lo que el pago neto ascendía a 39,009.93 lempiras.
La información también señala que Cruz se desempeñaba como vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en Tegucigalpa, donde percibía un salario mensual de 106,000 lempiras.
Los datos divulgados han generado cuestionamientos sobre la permanencia de asignaciones salariales vinculadas a un centro educativo que dejó de operar en 2015 y sobre los controles administrativos de la Secretaría de Educación.
