El organismo revisará los nombramientos realizados entre 2022 y 2026 para determinar si existieron irregularidades administrativas, civiles o penales en los procesos de contratación y el uso de fondos públicos.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció la apertura de una investigación sobre la distribución de plazas en la Secretaría de Educación durante la pasada administración gubernamental, luego de surgir cuestionamientos sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación.
La revisión surge tras la divulgación de un informe que analiza la emisión de 3,664 acuerdos de nombramiento entre febrero de 2022 y enero de 2026. El presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes Nájera, confirmó que se realizarán las investigaciones correspondientes para establecer si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
De acuerdo con los datos del informe, la mayoría de los nombramientos se produjo durante la gestión del exministro de Educación, Daniel Sponda. Además, 1,964 acuerdos, equivalentes al 54% del total, se concentraron en Francisco Morazán, Santa Bárbara y el nivel central de la institución.
El documento también señala que 2,215 plazas, que representan el 61% de los nombramientos, correspondieron a cargos de conserjes, guardias de seguridad y oficinistas.
Uno de los aspectos que genera interrogantes es la cantidad de acuerdos asignados en Santa Bárbara. Ese departamento recibió 636 nombramientos, pese a ocupar el octavo lugar a nivel nacional en matrícula escolar.
El informe refleja, además, un incremento en las contrataciones durante el período analizado. En 2022 se registraron 393 nombramientos, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 1,295, convirtiéndose en el año con mayor cantidad de acuerdos aprobados.
Otro punto incluido en los cuestionamientos se relaciona con pagos efectuados al diputado y dirigente magisterial Edgardo Casaña, ante la supuesta falta de documentación que acreditara el cumplimiento de determinadas funciones vinculadas a cargos en el sistema educativo.
Ahora, el TSC deberá revisar los documentos, verificar la legalidad de los procedimientos y establecer si hubo un uso irregular de los recursos estatales. Si durante las investigaciones se identifican indicios de delitos, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para las acciones legales correspondientes.
