Asopodehu y Joprodeh cuestionaron el procedimiento policial contra el defensor y pidieron a las autoridades garantizar el respeto a los derechos humanos y activar los mecanismos de protección.
Las plataformas Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) condenaron las actuaciones policiales contra el abogado Edy Tábora, quien permaneció detenido durante varias horas tras un operativo en el que, según los señalamientos, se habría resistido al procedimiento.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones indicaron que Tábora fue sometido a un procedimiento que terminó con su captura y esposamiento, en circunstancias que, a su criterio, generan cuestionamientos sobre el respeto a sus garantías y derechos.
Las plataformas consideraron que lo ocurrido representa una señal de alarma para quienes ejercen labores de defensa de los derechos humanos y advirtieron sobre el riesgo de que las facultades otorgadas mediante las reformas penales y penitenciarias sean utilizadas de manera arbitraria.
“Esta situación se agrava por la campaña sistemática de desprestigio que se ha venido promoviendo contra quienes ejercemos esa labor, intentando colocarnos como parte del problema de seguridad del país, descalificando nuestras denuncias y presentando la vigilancia ciudadana sobre las actuaciones estatales”, señala el comunicado.
Asimismo, cuestionaron el posicionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, al considerar que reprodujo los señalamientos de las autoridades policiales contra Tábora y centró su atención en la conducta del abogado, sin abordar las circunstancias de su detención.
“La Secretaría de Derechos Humanos no puede asumir el papel de portavoz de las autoridades policiales ni colocarse en una posición prácticamente acusadora frente a un defensor de derechos humanos”, expresaron.
Las organizaciones también recordaron que, durante la gestión de la ministra Leda García Pagán, se han registrado otros hechos que consideran preocupantes, entre ellos la retención del abogado Víctor Fernández el 13 de mayo, cuando visitaba la comunidad tolupán de Locomapa.
En ese sentido, señalaron que el mandato de la Secretaría de Derechos Humanos no debe limitarse a justificar las actuaciones policiales, sino que debe exigir garantías para quienes defienden derechos, activar los mecanismos de protección y responder ante amenazas, estigmatización y situaciones que pongan en riesgo su integridad.
Finalmente, indicaron que esperan que la Secretaría de Seguridad cumpla con la instrucción de investigar, a través de la Inspectoría General de la Policía, las circunstancias en las que ocurrió la detención de Edy Tábora.








