La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este miércoles presuntas irregularidades en la gestión de más de 1,800 millones de lempiras en bonos, becas y ayudas sociales tramitadas por diputados del Congreso Nacional entre 2023 y 2025.
La denuncia está contenida en el informe “Diputados Solidarios”, presentado por la organización, que señala que 50 diputados, entre propietarios y suplentes, gestionaron recursos del Fondo de Administración Solidaria mediante una partida presupuestaria discrecional.
Según ASJ, un total de L1,837,349,701.14 fue canalizado a través de esta partida, destinada a becas, ayudas sociales, obras de infraestructura menor y, posteriormente, cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos.
El director de Democracia y Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, explicó que, aunque Sedesol, el FHIS y la Secretaría de Gobernación aparecen como instituciones ejecutoras, en la práctica eran los diputados quienes proponían proyectos, solicitaban beneficios y gestionaban su entrega en las comunidades.
Entre los diputados señalados en el informe figuran Hugo Noé Pino, Rasel Tomé, Fabricio Sandoval, Mauricio Rivera, Oved López, Isis Cuéllar, Bartolo Fuentes, Andrés Castro y Pablo Ramón Soto, entre otros integrantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).
ASJ señaló que ninguna de las instituciones ejecutoras presentó ante los organismos de control las liquidaciones requeridas por ley. En el caso de Sedesol, la institución habría reconocido que aún no ha liquidado fondos correspondientes al período 2023-2025 y que no tiene claridad sobre el procedimiento para hacerlo.
En el caso de los cupones y certificados alimenticios, la organización indicó que se gestionaron más de L187 millones, de los cuales únicamente el 37 % habría sido liquidado. Más de L53 millones fueron entregados a través de un grupo de 26 diputados, todos pertenecientes a Libre, según el informe.
Respecto a las becas estudiantiles, ASJ identificó cerca de 22 mil beneficiarios gestionados por 50 diputados, por un monto superior a L110 millones. La mayor concentración corresponde al exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores y su suplente, con L29 millones para 5,801 becas, seguido por Hugo Noé Pino y su suplente, con L25.7 millones para 5,142 becas.
La organización también documentó casos en los que personas que aparecen como beneficiarias aseguraron no haber recibido las ayudas registradas a sus nombres. Aguilar mencionó, entre otros ejemplos, a una mujer identificada como “Marilyn”, quien aparece como receptora de L25 mil para un emprendimiento, pero afirmó no haber recibido dinero del Gobierno.
Otro caso corresponde a una propietaria de un negocio de ropa usada que figura como beneficiaria de L10 mil, aunque manifestó que únicamente recibió ropa de fardo, sillas, ganchos y tubos.
ASJ indicó que estos testimonios forman parte de una muestra de más de 200 personas contactadas, mientras que la base de datos analizada contiene alrededor de 10 mil beneficiarios.
El director de ASJ, Carlos Hernández, informó que la organización remitió este miércoles el informe y la documentación correspondiente al Ministerio Público para que determine si existen responsabilidades penales.
Hernández sostuvo que la falta de liquidaciones y las inconsistencias encontradas ameritan una investigación sobre el destino de los recursos públicos y la posible responsabilidad de quienes participaron en su gestión.
