Gabriela Castellanos respaldó los operativos policiales en Cortés y Yoro, aunque advirtió que las detenciones deben realizarse conforme a la ley y garantizar el debido proceso.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, pidió que las acciones policiales contra las estructuras criminales se ejecuten con firmeza, pero en estricto apego a los derechos humanos y al debido proceso.
Castellanos se refirió al reciente operativo desarrollado en los departamentos de Cortés y Yoro, que dejó más de una veintena de presuntos integrantes de estructuras criminales y pandillas capturados. Señaló que estas intervenciones responden a la necesidad de recuperar el orden público en zonas afectadas por la extorsión, los homicidios y la violencia.
“Durante demasiado tiempo, ambas regiones han sufrido los efectos de la violencia y el control territorial ejercido por estructuras criminales. Pequeños empresarios, transportistas y familias trabajadoras han tenido que convivir con un impuesto criminal invisible; y, en este contexto, la intervención contundente de la policía no solo es legítima, sino éticamente exigible”, manifestó.
La titular del CNA consideró que el combate a la criminalidad requiere una respuesta estatal efectiva, sostenida y coordinada, que no se limite a operativos aislados, sino que permita obtener resultados concretos en la reducción de los índices delictivos.
También sostuvo que las redadas y detenciones masivas deben desarrollarse dentro de un marco de legalidad y que las fuerzas de seguridad deben actuar con capacidad operativa para desarticular las estructuras criminales.
Castellanos enfatizó que respaldar una política de seguridad firme no significa dejar de lado las garantías constitucionales ni las obligaciones del Estado. A su criterio, el respeto a los derechos humanos y la transparencia de las autoridades son indispensables para recuperar la confianza de la población en las instituciones.
“Cualquier operación policial y su posterior persecución penal deben estar sujetas a un riguroso apego al debido proceso. La persecución penal en Honduras no puede caer en la trampa de la improvisación ni en la tentación del autoritarismo operativo. Cada una de las personas detenidas debe enfrentar una investigación científica e imparcial”, concluyó.
