La comisión presentó documentación ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas para que se investiguen posibles irregularidades en el manejo de fondos estatales durante la administración anterior.
La Comisión Liquidadora del Gobierno, encabezada por el abogado Leonel Núñez, presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en al menos 25 instituciones públicas durante la administración anterior.
Núñez afirmó que encontraron posibles irregularidades relacionadas con malversación de fondos, contrataciones y recursos que presuntamente habrían sido utilizados para campañas políticas. Señaló que corresponde a los organismos de investigación y control determinar los montos involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes.
Entre las instituciones mencionadas figuran Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica. El comisionado también aseguró que se presentaron acciones ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que examine las actuaciones de anteriores autoridades.
Por su parte, la integrante de la comisión, Denisse Yamileth Rosales Rivera, informó que entregaron a la Fiscalía un informe con hallazgos que podrían dar lugar a distintas líneas de investigación. Entre ellos mencionó presuntas irregularidades en transferencias de Convivienda por más de 230 millones de lempiras hacia el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Cuestionamientos sobre proyectos sociales y hospitales
El comisionado Mario Celín Simón Perla, responsable de liquidar instituciones como Red Solidaria, Proasol y Sedesol, expuso hallazgos relacionados con programas sociales y la construcción del hospital neonatal de Santa Bárbara.
Según explicó, el proyecto hospitalario tenía como fecha límite de ejecución el 10 de enero de 2026, luego de dos ampliaciones de plazo, pero registraba apenas un 27 % de avance. También señaló que se destinaron aproximadamente 147 millones de lempiras a la compra de equipo médico y biomédico que, según su versión, quedó almacenado, mientras surgían dudas sobre su estado y el vencimiento de las garantías.
Simón Perla también cuestionó el manejo de programas dirigidos a migrantes retornados. Indicó que existen diferencias entre los registros de beneficiarios y las cifras del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, mencionó la entrega de unos 70,000 bonos alimenticios, frente a aproximadamente 40,000 migrantes retornados registrados oficialmente.
Otro de los señalamientos se relaciona con el pago de unos 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental para ejecutar compras directas. El comisionado sostuvo que las instalaciones de la entidad en La Ceiba no reflejarían la capacidad necesaria para desarrollar los proyectos contratados. Según su estimación, los casos bajo su revisión representarían un posible perjuicio de unos 230 millones de lempiras.
Reportan irregularidades en compras y pagos
Por su parte, el comisionado Carlos Humberto Hernández Erazo informó sobre dos hallazgos adicionales. El primero corresponde a la adquisición de 31,000 bienes, de los cuales unos 10,000 no tendrían evidencia física de entrega en las actas revisadas, lo que representaría más de 10 millones de lempiras pendientes de liquidación.
El segundo hallazgo se refiere a pagos anticipados del 100 % a empresas constructoras y supervisoras por un monto de 228 millones de lempiras, sin que existiera una ejecución física equivalente, según lo expuesto por el funcionario. En el caso de pupitres destinados a centros educativos, señaló que solo habría evidencia de entrega de 18,000 de los 32,000 bienes reportados.
Ante la documentación recibida, el Ministerio Público informó que los antecedentes serán sometidos a un análisis técnico y jurídico por parte de los equipos fiscales competentes, con el objetivo de esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades penales que correspondan conforme a la ley.
Los señalamientos presentados por la Comisión Liquidadora deberán ser verificados por las autoridades competentes; la presentación de una denuncia no implica, por sí sola, que los hechos denunciados hayan sido acreditados judicialmente.
