El organismo advierte que muchos niños, niñas y adolescentes son víctimas de amenazas y reclutamiento forzado en sus comunidades, por lo que pide fortalecer los mecanismos de protección y reinserción social.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) identificó durante 2025 a 245 niños, niñas y adolescentes en riesgo o que tuvieron que abandonar sus hogares debido a amenazas y acciones de cooptación atribuidas, en muchos casos, al crimen organizado.
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, explicó que estos casos reflejan el impacto de la violencia en la población menor de edad, especialmente en quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.
“Identificamos a 245 niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado interno. Esto tiene que ver mucho con amenazas y formas de cooptación por parte del crimen organizado respecto a adolescentes en situación de vulnerabilidad”, señaló.
Maradiaga indicó que una parte importante de este desplazamiento está relacionada con el reclutamiento forzado. Como referencia, mencionó datos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), según los cuales el 80 % de los 157 adolescentes que cumplen medidas en centros pedagógicos de internamiento están vinculados a infracciones de extorsión y tráfico de drogas.
La funcionaria recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 2023, alertó sobre el reclutamiento de adolescentes por parte de estructuras criminales en sus propias comunidades. “Son víctimas, no victimarios”, enfatizó, al comparar los 157 menores privados de libertad con los más de 19,274 adultos que integran la población penitenciaria.
Ante este panorama, el Conadeh pidió fortalecer el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (Sigadena), aprobado en 2019, para mejorar la coordinación entre instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones encargadas de proteger los derechos de la niñez.
Asimismo, instó al Estado a garantizar procesos efectivos de reeducación y reinserción social para los adolescentes que cumplen medidas privativas y no privativas de libertad.
Maradiaga señaló que los centros deben ofrecer oportunidades de educación formal y formación vocacional, de manera que los menores puedan desarrollar habilidades, reconstruir sus proyectos de vida y reintegrarse a sus comunidades.
