El paquete modifica cuatro leyes e incorpora nuevas regulaciones para los proveedores de servicios de activos virtuales, además de establecer medidas para proteger el acceso al sistema financiero.
El Congreso Nacional aprobó, por mayoría de los diputados presentes y tras una amplia discusión, un paquete de reformas orientado a fortalecer la prevención, detección, supervisión, investigación y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las modificaciones también buscan reforzar los mecanismos de recuperación de bienes de origen ilícito.
El decreto, aprobado en tercer y último debate, consta de 80 páginas y está dividido en siete apartados que contienen reformas y adiciones a artículos de cuatro normativas vigentes. Según lo expuesto durante la discusión, el paquete busca armonizar la legislación hondureña con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El diputado Mario Pérez, presidente de la comisión especial de dictamen nombrada por el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que el documento incorporó observaciones planteadas por diputados de distintas bancadas durante las reuniones de trabajo.
Pérez señaló que se mantuvo la estructura esencial de la propuesta inicial y que los cambios realizados no representan modificaciones drásticas, sino ajustes puntuales al contenido que ya había sido sometido a los primeros debates.
Durante la discusión, el diputado liberal por Cortés, Marlon Lara, afirmó que la aprobación de las reformas representa un avance para evitar que Honduras ingrese a la lista gris del GAFI, en la que figuran países con deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El legislador sostuvo que la actualización de las normas permitirá fortalecer la confianza en el sistema financiero hondureño y reducir el riesgo de que los bancos corresponsales internacionales impongan sanciones o cancelen relaciones con instituciones nacionales.
Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, expresó algunas reservas sobre los posibles efectos de las reformas en los bienes y el patrimonio de personas a quienes se les hayan incautado propiedades. No obstante, destacó como aspectos positivos la eliminación de la presunción de ilicitud y la protección del tercero de buena fe. También señaló que la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
El decreto modifica cuatro normativas: la Ley Especial contra el Lavado de Activos, contenida en el Decreto 144-2014; la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), Decreto 131-2014; la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Decreto 27-2010; y la Ley del Sistema Financiero, Decreto 129-2004.
Entre los cambios a la Ley Especial contra el Lavado de Activos se contempla la reforma de 29 artículos y la incorporación de un marco regulatorio para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), como las plataformas de intercambio y las billeteras de criptomonedas. Estas empresas deberán transmitir y verificar información de los usuarios a lo largo de las operaciones.
Asimismo, se incorporan nuevos artículos y un capítulo específico para regular a estos proveedores. El decreto también establece la prohibición del de-risking, práctica mediante la cual bancos, cooperativas y financieras pueden cerrar, limitar o negar servicios a clientes por determinados perfiles de riesgo.
Según lo expuesto en el artículo 6-A, las entidades financieras deberán gestionar sus riesgos sin excluir injustificadamente a personas del sistema financiero por el hecho de haber sido requeridas por el Ministerio Público, contar con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o tener la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP).
La reforma busca establecer reglas para fortalecer los controles contra los delitos financieros, al tiempo que regula las obligaciones de las entidades supervisadas y las garantías aplicables a las personas usuarias del sistema financiero.








