Autora Abg Ruth M . Lafosse
2 de septiembre del 2024.
Contexto Actual de Honduras:
Estamos a las puertas de la convocatoria para las elecciones primarias, y muy pronto las elecciones generales, un proceso electoral que, más que nunca, debe ser transparente y garantizar la integridad en todas sus fases. Estos aspectos son pilares fundamentales de la democracia, especialmente en un país como Honduras, donde el pasado reciente ha estado marcado por preocupaciones sobre la influencia del crimen organizado y la corrupción en los procesos electorales.
En este contexto, la transparencia no es solo una expectativa, sino una necesidad crítica para asegurar que el poder sea ejercido por quienes realmente representan los intereses del pueblo. La integridad electoral no solo se trata de evitar el fraude, sino de construir la confianza pública en el sistema democrático, lo que es esencial para la estabilidad y el progreso de la nación.
Mecanismos para Asegurar la Transparencia e Integridad Electoral:
Para asegurar la transparencia e integridad en las elecciones, es imprescindible contar con la observación de la comunidad internacional, pero no una observación superficial, sino una que vaya más allá de las prácticas tradicionales. Hasta ahora, muchas de las observaciones internacionales han quedado en declaraciones sin impacto real, sin provocar cambios efectivos en el proceso electoral. Es crucial que esta observación sea rigurosa, activa, y que sus recomendaciones se traduzcan en acciones concretas para garantizar la legitimidad del proceso.
Además, los sistemas de votación deben ser absolutamente seguros, impenetrables tanto a la manipulación tecnológica como a la manipulación física de las actas en cada centro de votación. La seguridad del sistema de votación es la columna vertebral de la confianza pública en los resultados.
No podemos obviar la necesidad de auditorías independientes. Dado el contexto actual, estas auditorías no solo son recomendables, sino obligatorias. Hasta hoy, ningún actor externo a los administradores del proceso electoral ha certificado la transparencia y efectividad del mismo, y jamas se le ha dado la oportunidad a la ciudadania ser parte activa salvaguardando su voluntad expresda en el voto, siendo por muchos anos excluida del espacio cívico electoral que, por derecho constitucional, le pertenece. La participación activa de la sociedad civil en la vigilancia del proceso es esencial para recuperar la confianza en la democracia.
Corrupción Electoral: Amenazas y Consecuencias
La corrupción electoral no se limita únicamente a la compra de votos, la manipulación del registro electoral o el financiamiento ilícito de campañas; también incluye una serie de acciones que erosionan la transparencia y la integridad del proceso electoral en sus diversas fases: antes, durante y después del voto.
1. Antes del Proceso Electoral:
- Aprobación del Presupuesto: Un ejemplo claro de corrupción electoral en la fase previa al proceso electoral es el retraso en la aprobación del presupuesto para las elecciones primarias. A solo ocho días de la convocatoria, el Congreso aún no ha aprobado los fondos necesarios, lo que pone en riesgo la preparación adecuada del proceso. Este retraso, intencional o no, puede ser interpretado como un intento de obstruir el proceso electoral, afectando su transparencia y equidad.
- Visita del Jefe de las Fuerzas Armadas a Venezuela: En un contexto electoral, la reciente visita del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras a Venezuela, donde se reunió con militares señalados por narcotráfico, ha generado indignación en la ciudadanía. La respuesta del gobierno, que reprochó las comentarios de la Embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu (quien expresó su sorpresa por este acercamiento), y la posterior decisión de terminar el convenio de extradición con Estados Unidos bajo el pretexto de «soberanía y dignidad», levantan serias dudas sobre la intención real detrás de estas acciones. Estas decisiones parecen más orientadas a proteger intereses particulares que a mantener la integridad del proceso electoral y la seguridad nacional.
- Nombramiento de la Pre-Candidata como Ministra de Defensa Nacional: El nombramiento de una pre-candidata del partido oficialista como Ministra de Seguridad, sin que haya renunciado a su aspiración electoral, plantea serios conflictos de interés. Dado que las Fuerzas Armadas, bajo su mando, son responsables de la custodia y seguridad del proceso electoral, esta acción podría comprometer la imparcialidad y equidad del proceso. Esto viola principios fundamentales como el artículo 272 de la Constitución, que estipula que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, obedientes y no deliberantes.
Estos hechos no solo representan una desviación de los principios de transparencia e integridad electoral, sino que también constituyen actos de corrupción electoral, ya que distorsionan el proceso democrático para favorecer a ciertos grupos o individuos. Al socavar la confianza en el proceso electoral, estas acciones ponen en peligro la estabilidad y seguridad del país, abriendo la puerta a la influencia del crimen organizado y debilitando la institucionalidad.
La Cancelación del Convenio de Extradición: La reciente decisión de cancelar el convenio de extradición con Estados Unidos, bajo el pretexto de soberanía y dignidad,conspiracion y demas, no solo debilita la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico, sino que también abre las puertas para que individuos vinculados con el crimen organizado participen directamente en la política. Esto crea un entorno en el que la corrupción electoral se convierte en un vehículo idonio para que los narcotraficantes aseguren su impunidad y expandan su poder.
Impacto en la Transparencia e Integridad Electoral: Con la cancelación del convenio de extradición, el riesgo de que narcotraficantes se infiltren en las instituciones políticas aumenta significativamente. Como señaló el juez que llevó el caso de un expresidente, «los narcotraficantes se convierten en políticos y los políticos en narcotraficantes.» Esta fusión de poder criminal con el poder político compromete profundamente la transparencia y la integridad electoral, ya que quienes deberían proteger el proceso democrático pueden estar directamente involucrados en su manipulación.
Consecuencias Directas: Este escenario permite que las elecciones, que deberían ser un ejercicio de la voluntad popular, se conviertan en un mecanismo para legitimar a actores criminales que buscan controlar el Estado para sus propios fines ilícitos. La erosión de la confianza pública en el proceso electoral y en las instituciones encargadas de supervisarlo es inevitable, lo que puede llevar a una mayor desafección ciudadana, un debilitamiento del Estado de derecho, y un aumento de la violencia y la inseguridad.
El Impacto de la Corrupción Electoral en Honduras
La corrupción electoral ha afectado profundamente el proceso democrático en Honduras durante mucho tiempo, y hoy en día, ejemplos específicos juzgados en Estados Unidos demuestran cómo los políticos se han convertido en narcotraficantes y viceversa. Esta realidad no solo pone en evidencia la degradación de la política, sino también cómo el crimen organizado ha llegado a jugar un papel central en la distorsión y desnaturalización del proceso electoral.
El crimen organizado se convierte en el instrumento ideal para que los narcotraficantes se infiltren en las estructuras del poder, utilizando el proceso electoral como una vía para legitimar su control sobre el país. En lugar de servir como un mecanismo para la expresión de la voluntad popular, las elecciones se transforman en un vehículo para que estos actores criminales consoliden su poder, perpetuando un ciclo de impunidad y corrupción que socava la esencia misma de la democracia.
El Rol Imprescindible de la Sociedad Civil
En un contexto donde el proceso electoral está gravemente amenazado por la corrupción y la influencia del crimen organizado, el rol de la sociedad civil se vuelve imprescindible. La magnitud de su participación no puede ser subestimada, ya que son el instrumento más efectivo para combatir la corrupción electoral y garantizar la transparencia e integridad del proceso.
La sociedad civil, a través de organizaciones independientes, observadores ciudadanos y medios de comunicación, tiene la capacidad de monitorear cada etapa del proceso electoral, desde la preparación y la campaña hasta el conteo de votos y la declaración de resultados. Esta vigilancia constante no solo actúa como un disuasivo para la manipulación y el fraude, sino que también empodera a los ciudadanos, devolviéndoles la confianza en su capacidad para influir en el destino de su país.
Además, la sociedad civil puede ejercer presión sobre las autoridades para que adopten y cumplan con estándares elevados de transparencia y rendición de cuentas. Su voz colectiva es vital para denunciar irregularidades y exigir que los responsables de actos corruptos sean llevados ante la justicia.
La educación cívica también es un componente esencial de este rol. Al informar y educar a la población sobre sus derechos y responsabilidades electorales, la sociedad civil ayuda a construir una cultura de participación y vigilancia ciudadana que es fundamental para la salud de la democracia.
Desafíos y Reformas Necesarias para Proteger la Democracia en Honduras
En Honduras, como en muchas democracias actuales, el proceso electoral se ha convertido en un instrumento codiciado por la delincuencia organizada. Este contexto hace que sea de suma importancia asegurar que la voluntad expresada en el voto sea la verdadera «verdad electoral».Para lograrlo, es imprescindible llevar a cabo profundas reformas electorales o incluso promulgar una nueva ley electoral.
Estas reformas deben garantizar que la participación ciudadana juegue un papel preponderante como guardián del voto, y como una barrera firme que impida que cualquier delincuente llegue al poder. En un estado donde el futuro para los jóvenes parece cada vez más incierto y donde las libertades de toda la población están en juego, es esencial que el sistema electoral se diseñe para proteger estos derechos fundamentales.
Es crucial que los partidos políticos adopten medidas estrictas que aseguren que el crimen organizado y la corrupción electoral no formen parte del proceso. Esto implica no solo una depuración interna, sino también la implementación de mecanismos de control y transparencia que eviten que candidatos con vínculos criminales puedan postularse y acceder a cargos públicos.
Además, es necesaria una reforma constitucional que limite la capacidad de la institucionalidad partidaria de actuar a discreción. Aunque los partidos políticos son esenciales para la democracia, su estructura y funcionamiento actuales han sido explotados como vehículos ideales para que el crimen organizado se infiltre en el poder. La reforma debe buscar un equilibrio que fortalezca la institucionalidad sin dejarla vulnerable a estos abusos.
Conclusión:
La integridad y la transparencia electoral son, sin duda, los instrumentos que determinan el destino de una nación. No se trata solo de un proceso meramente político, sino del futuro de cada ciudadano, de cada familia, de cada inversión. El destino de la salud de un pueblo, su educación, y la capacidad de forjar un futuro próspero y seguro dependen de elecciones limpias y justas.
Cuando el crimen organizado se infiltra en el proceso electoral, lo más nefasto para una democracia se convierte en realidad: un sistema donde el poder no representa al pueblo, sino a intereses ilícitos que buscan mantener a la población en un estado de vulnerabilidad, miedo y dependencia. Sin integridad y transparencia, la democracia pierde su esencia, y con ella, se pierde la posibilidad de construir un futuro donde la justicia, la paz y el desarrollo sean accesibles para todos.
Es por eso que proteger la integridad del proceso electoral no es solo un deber cívico; es una cuestión de supervivencia para la democracia misma. Es la clave para asegurar que el poder esté en manos de quienes realmente buscan el bienestar del pueblo y no en manos de aquellos que quieren explotar el sistema para perpetuar el crimen y la corrupción.
