La diputada del Partido Nacional, Alejandra Burgos, advirtió que la entrega de alimentos a las familias afectadas por la prolongada sequía no resolverá de fondo la crisis de seguridad alimentaria, pero permitirá reducir temporalmente el impacto del hambre en los municipios declarados en Alerta Roja.
Burgos se refirió a la ampliación de la Alerta Roja a 103 municipios del país debido al déficit de lluvias asociado al fenómeno de El Niño y señaló que las autoridades ya tienen programada la distribución de asistencia alimentaria.
“No la va a eliminar, pero sí quitará el hambre por un tiempo en esa familia”, manifestó la parlamentaria al referirse a la entrega de dos sacos de alimentos a los hogares afectados.
La también coordinadora de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional explicó que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) trabajan en la planificación de las entregas en los municipios que enfrentan mayores afectaciones.
Según Burgos, los paquetes de ayuda tienen un valor superior a los 4,000 lempiras y podrían contribuir a cubrir las necesidades básicas de una familia durante uno o dos meses, especialmente en las comunidades donde se han perdido cultivos de granos básicos.
La diputada reconoció, sin embargo, que la asistencia representa una solución temporal frente a una emergencia que podría prolongarse. Explicó que las familias afectadas están recurriendo a otros mecanismos para garantizar su alimentación, ante la pérdida de sus cosechas y la reducción de sus ingresos.
Burgos también informó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participará como veedora del proceso de entrega de las ayudas y del manejo de la emergencia, con el propósito de dar seguimiento a la atención destinada a las comunidades afectadas.
La congresista expresó además preocupación por las consecuencias que la sequía podría generar durante los próximos meses y advirtió que el panorama podría ser todavía más complicado a comienzos de 2027.
De acuerdo con sus estimaciones, la falta de lluvias podría impedir que los productores realicen la siembra de postrera, lo que representaría un nuevo golpe para la producción de maíz y frijol y aumentaría el riesgo de inseguridad alimentaria en las zonas rurales.
Ante este escenario, Burgos señaló que será necesario revisar las prioridades presupuestarias para el próximo año y adelantó que el Presupuesto General de la República de 2027 podría ser reformulado para fortalecer las instituciones encargadas de atender la emergencia hídrica y alimentaria.
La diputada sostuvo que los recursos deberán orientarse principalmente a las secretarías de Estado que tienen responsabilidad directa en la atención de la población afectada, así como en la recuperación de las actividades agrícolas y productivas.
La emergencia por sequía mantiene bajo presión a numerosas comunidades del país, donde además de la escasez de agua para consumo humano se reportan pérdidas de cultivos, afectaciones al ganado y dificultades para garantizar alimentos a las familias.
Ante este panorama, las autoridades mantienen el llamado a reforzar las medidas de atención y prevención, mientras los municipios afectados esperan que la asistencia alimentaria y las acciones gubernamentales permitan enfrentar los efectos de la falta de lluvias.
