El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, denunció que ciudadanos chinos habrían pagado entre 5 mil y 10 mil dólares para ingresar a Honduras durante la administración anterior, al tiempo que aseguró que otros 24 mil habrían ingresado de manera irregular.
Las declaraciones del parlamentario se producen en medio de la controversia denominada “chinazo 2.0”, surgida a raíz de cuestionamientos sobre el ingreso y permanencia de ciudadanos de nacionalidad china en el país.
Bertrand, durante una entrevista en el noticiero TN5 de Televicentro, afirmó que además de los 13 mil movimientos migratorios de ciudadanos chinos registrados inicialmente, existen investigaciones relacionadas con otros 24 mil ingresos que podrían haberse producido de manera irregular.
El diputado sostuvo que los supuestos pagos para facilitar el ingreso al país ya forman parte de líneas de investigación que deberán ser esclarecidas por el Ministerio Público.
Asimismo, aseguró que las investigaciones sobre los movimientos migratorios de ciudadanos chinos ya existían antes de que presentara su moción ante el Congreso Nacional.
Exfuncionario defiende registros migratorios
Por su parte, Wilson Paz, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), cuestionó las cifras planteadas por Bertrand y defendió los registros oficiales de la institución.
Paz explicó que, de los 13 mil movimientos migratorios de ciudadanos chinos registrados, 12 mil 401 corresponden a personas que posteriormente salieron del territorio hondureño.
El exfuncionario señaló que entre los ciudadanos que permanecieron en Honduras hay personas vinculadas laboralmente con empresas de origen chino. Mencionó, entre otros casos, a alrededor de 200 personas relacionadas con un hospital.
También indicó que otros ciudadanos chinos se encontrarían realizando procesos de regularización migratoria.
La controversia mantiene el debate sobre los controles migratorios y los procedimientos utilizados durante la administración anterior, mientras las denuncias planteadas por el diputado permanecen bajo investigación y deberán ser sustentadas por las autoridades correspondientes.
