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Estados Unidos condiciona la ayuda a Centroamérica a que se investigue a funcionarios corruptos.

La Cámara de Representantes aprobó un presupuesto que restringe el 60% de los fondos para el próximo año a que El Salvador, Guatemala y Honduras demuestren que combaten el delito en la función pública y la impunidad.

A juzgar por las condiciones que impone al desembolso de las ayudas económicas a Centroamérica presupuestadas en el plan de gastos para el año fiscal 2023 (FY2023 en inglés), parece claro que Washington no confía en que los gobiernos del llamado Triángulo Norte utilicen de forma adecuada ese dinero sin un poco de presión.

El pasado viernes 1º de julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó el FY2023 y, con él, el presupuesto de operaciones extranjeras de Estados Unidos a través del Departamento de Estado (DOS) y la Agencia Estadounidenses para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés) y otras entidades, partida presupuestaria conocida como Sección 7045 (a) de la Ley de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.

Los congresistas aprobaron cerca de mil millones de dólares para Centroamérica, buena parte de ellos destinados a programas de cooperación con los tres países del norte de la región, Guatemala, El Salvador y Honduras, que se encuentran entre los principales emisores de migrantes que viajan a diario a Estados Unidos de forma irregular.

Pero buena parte de esos fondos, distribuidos en los presupuestos de varias oficinas del gobierno estadounidense no serán desembolsados a menos de que estos países puedan demostrar avances en temas como el combate a la corrupción, la transparencia, la protección a la sociedad civil, la reducción de violencia contra mujeres y niñas, mejoras en los derechos reproductivos de las mujeres, reducción de la pobreza, el combate a la migración irregular y al tráfico de personas y mejoras en la situación fiscal de los países.

De entrada, el desembolso del 60% de esos fondos están sujetos a que, en un informe que debe de entregar al Congreso, el Departamento de Estado certifique que los gobiernos de Alejandro Giammattei en Guatemala, Nayib Bukele en El Salvador y Xiomara Castro en Honduras han cumplido con las condiciones exigidas.

La misma ley de presupuesto aprobada obliga a la Corporación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), una de las instituciones gubernamentales a través de la que se canalizan los fondos, a que informe 60 días después de la entrada en vigor del FY203 cómo se utilizará la cooperación y de los “mecanismos para salvaguardar la asistencia económica de influencias corruptas”.

Las noticias recientes que llegan del norte de Centroamérica, sobre todo de Guatemala y El Salvador, hablan de lugares en que ocurre lo contrario a lo que establecen las condiciones que ha puesto el congreso estadounidense.

Una de las condiciones establece, por ejemplo, que los tres países deben de ser capaces de demostrar que han emprendido investigaciones criminales y procesos judiciales contra funcionarios que han sido señalados de corrupción. En Guatemala, sin embargo, el Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras acaba de desistir de la persecución penal a Blanca Stalling, una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia que fue separada de su puesto por supuestas irregularidades. Ambas, Porras y Stalling, han sido señaladas por el Departamento de Estado como funcionarias corruptas y antidemocráticas en la llamada Lista Engel, otra de las herramientas con que el gobierno estadounidense cuenta en el caso de Centroamérica.

Otra de las condiciones es que los países reduzcan el rol de sus fuerzas armadas en labores de seguridad pública. No es el caso en El Salvador, donde el gobierno de Bukele, a través de un parlamento que controla, mantiene desde marzo pasado un régimen de excepción que ha limitado los derechos constitucionales de miles de salvadoreños arrestados en el marco de una guerra que el gobierno dice tener contra pandillas con las que antes había negociado un pacto de gobernabilidad. El ejército ha estado desplegado en el territorio durante el régimen de excepción.

También en Guatemala el ejército participa en labores de seguridad pública, sobre todo en territorios habitados por comunidades mayas. En noviembre de 2021, de hecho, nueve congresistas demócratas en Washington pidieron al secretario de Estado Anthony Blinken que exigiera explicaciones al presidente Giammattei por el supuesto uso de equipo militar estadounidense en actos de represión contra comunidades indígenas que protestaban por desalojos de tierra o por la contaminación de una minera rusa en el noreste del país. Giammattei, lejos de contestar a los congresistas, ha acusado a Estados Unidos de entrometerse con la soberanía guatemalteca.

Por ahora, Estados Unidos mantiene congelada la ayuda militar a los tres países del Triángulo Norte. El FY2023 reiteró la disposición por cuarto año consecutivo en los casos de Guatemala y Honduras y por tercera ocasión para El Salvador.

El presupuesto recién aprobado por la Cámara de Representantes, dice un asistente legislativo consultado por Infobae en Washington, tiene un mensaje político claro: “Sí, creemos que hay corrupción y autoritarismo. Mucho. Y seguiremos pidiendo cuentas. Este dinero es de los estadounidenses y hay que garantizar que se use bien”, asegura bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios en público.

El texto del FY2023 coincide con ese espíritu. “El comité enfatiza que mejorar el estado de derecho y combatir la corrupción deben de ser prioridades de los Estados Unidos en El Salvador, Guatemala y Honduras para ayudar a enfrentar la causas que generan la migración y asegurar la rendición de cuentas sobre la ayuda estadounidense”.

Norma Torres, congresista demócrata de origen guatemalteco, ha sido una de las impulsoras de poner candados a la ayuda estadounidense a Centroamérica por señalamientos de corrupción a los gobiernos de la región. Foto:Héctor Silva Ávalos

Los legisladores, además, piden al Departamento de Estado y USAID “usar todas las herramientas diplomáticas a su disposición, de forma apropiada, para fortalecer a la sociedad civil, aumentar la capacidad para pedir cuentas a funcionarios corruptos y aumentar las persecuciones criminales” de estos funcionarios.

Norma Torres, congresista demócrata de origen guatemalteco que representa a California en la cámara baja, dijo que “promover la democracia, combatir la corrupción y estabilizar a los gobiernos de Centroamérica son prioridades de la política exterior de Estados Unidos”, y que los condicionantes impuestos a los países del norte centroamericano “ayudarán a abordar la anarquía y la impunidad de los líderes autoritarios, prevenir la violencia contra las mujeres y promover los derechos humanos”.

Torres es una de las congresistas que ha señalado las derivas autoritarias del salvadoreño Bukele y el guatemalteco Giammattei. Sus señalamientos al presidente de El Salvador le costaron amenazas de seguidores de Bukele que la legisladora ha pedido al FBI investigar.

Mensajes a oídos sordos

Entre las asignaciones a Centroamérica hay fondos que deben de ser ejecutados por los gobiernos extranjeros, que son los condicionados, y otros que servirán para aumentar la capacidad estadounidense de monitorear y perseguir a corruptos centroamericanos.

Hay una partida de medio millón de dólares para fortalecer la Oficina de Política de Sanciones del Departamento de Estado con el fin de que dirija a Centroamérica su atención, hasta hora enfocada en otros países de la región como Nicaragua o Venezuela.

Ya en años anteriores el Congreso había otorgado refuerzos presupuestarios a la Oficina de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL en inglés) para abrir investigaciones a funcionarios corruptos en la región. Fue en parte con fondos INL que en 2021 se estableció la Fuerza de Tarea Vulcano, la cual trabajó con fiscales salvadoreños investigaciones a funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele, incluso a sus hermanos. Con insumos de esas investigaciones, agentes del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) han preparado una acusación penal contra dos funcionarios de Bukele acusados de pactar con las pandillas MS13 y Barrio 18.

El FY2023 también incluye un fondo de US$65 millones para “apoyar actividades en Centroamérica para combatir el crimen, la corrupción y la impunidad; proteger los derechos humanos y pedir rendición de cuentas a los gobiernos”.

También hay, en el presupuesto aprobado, otro mensaje político: Washington está preocupado por la persecución a defensores de derechos humanos y periodistas en la región. El comité de asignaciones, por ello, destinó US$40 millones a programas que ayuden a defender a quienes contribuyan a la libertad de expresión y a fortalecer a medios independientes. Los legisladores plantean que parte del dinero sirva para “proteger a periodistas y medios independientes que están bajo amenaza en estos países centroamericanos”.

En el caso de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha registrado que al menos media docena de periodistas están exiliados en Estados Unidos, México y Alemania. Infobae ha conocido que dos de ellos se encuentran en proceso de petición de asilos políticos en los lugares que residen. Medios comunitarios salvadoreños han denunciado, además, que tres comunicadores están presos. En Guatemala, el Ministerio Público de la fiscal Porras ha anunciado persecuciones penales contra al menos dos periodistas críticos y mantiene activo un proceso penal contra un periodista Maya Q’eqchi’ que denunció la muerte de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil.

Hasta ahora, sin embargo, en los casos de El Salvador y Guatemala, los reclamos estadounidenses cayeron en saco roto. En ambos países la mayoría de los funcionarios señalados en la Lista Engel como actores antidemocráticos y corruptos aún no han sido investigados o procesados judicialmente, a pesar de que hay investigaciones abiertas contra ellos. Y tanto Bukele como Giammattei se han enfrentado públicamente con la Casa Blanca de Joe Biden por los señalamientos a sus gobiernos y funcionarios.

Una advertencia a Honduras

El FY2023 también se hace eco de otro mensaje político que Washington ha enviado a la región desde que Xiomara Castro ganó las elecciones presidenciales en Honduras a finales del año pasado: Estados Unidos aún da el beneficio de la duda a un gobierno que, en papel, llegó con credenciales de izquierda cercana a Venezuela.

Uno de los principales guiños a Honduras es la disposición mostrada por el Congreso a financiar una comisión internacional de investigación de casos complejos de corrupción e impunidad.

A inicios de febrero, menos de un mes después de su juramentación como presidenta, Xiomara Castro envió una carta a la Organización de Naciones Unidas en la que solicita apoyo político y financiero para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH). El modelo de la CICIH es muy parecido al de una comisión similar que se instaló en Guatemala a mediados de la década 2000 gracias a un compromiso político entre el gobierno guatemalteco de entonces y la ONU y con financiamiento de varios países, entre ellos el de Estados Unidos.

Tras la petición a la ONU, Washington, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, expresó a Castro el apoyo a la CICIH. Hoy, en el FY2023, el congreso estadounidense incluyó lenguaje de apoyo a la comisión: “El comité (de la Cámara de Representantes) recomienda incluir fondos de apoyo a mecanismos anticorrupción, incluidos mecanismos que sean liderados por Naciones Unidas”.

El gobierno de Castro, según un diplomático estadounidense en Washington que ha participado en discusiones sobre la CICIH, esperaba algo más concreto. Infobae supo, incluso, que hubo discusiones por dejar establecido en el FY2023 una asignación de entre US$10 y US$15 millones. Sin embargo, tanto la ONU como el gobierno Biden han puesto condiciones de forma extraoficial al gobierno de Castro, que pasan por revisar una amnistía decretada por el congreso hondureño tras la ascensión de la presidenta y que incluye a varios funcionarios del gobierno de su esposo, Manuel “Mel” Zelaya, quien fue presidente entre 2006 y 2009.

Las pláticas por la CICIH también han incluido presiones de los entes internacionales para que las próximas elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscal general de Honduras dejen en los cargos a funcionarios probos, así como preocupaciones porque se aprueben reformas legales que hagan viable el trabajo de la Comisión. El FY2023 recoge esos temores: “Antes de proveer el apoyo, el secretario de Estado debe asegurarse de que la comisión tenga suficiente autoridad, autonomía y el mandato legal que le permita llevar adelante investigaciones independientes y apoyar persecuciones penales contra actores corruptos”.

Hay, a la vuelta de la esquina, un ejemplo reciente de cómo una comisión así, sin el apoyo político y las herramientas necesarias, está condenada al fracaso: En 2021, el salvadoreño Bukele deshizo un organismo similar, la CICIES, esta con apoyo de la OEA, cuando las investigaciones que emprendió llegaron cerca de la corrupción de funcionarios del gobierno.

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