El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general en retiro Roosevelt Hernández, comparecerá este miércoles 19 de agosto ante el Poder Judicial para enfrentar una acusación relacionada con publicaciones difundidas en 2025 a través de medios institucionales de la institución castrense.
La audiencia de declaración de imputado, que había sido programada inicialmente para el pasado 7 de agosto, fue reprogramada luego de que la defensa alegara que sus abogados tenían otra diligencia judicial en esa misma fecha. El juez Julio Enrique Rodríguez fijó como nueva fecha este miércoles.
La comparecencia tendrá carácter informativo y permitirá al exjerarca militar conocer formalmente los hechos que sustentan el requerimiento fiscal presentado en su contra.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), acusa a Hernández por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
Según el requerimiento fiscal, durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas se difundieron desde plataformas institucionales mensajes que, a criterio de la Fiscalía, estigmatizaron y desacreditaron públicamente a periodistas críticos de la institución castrense.
Entre los comunicadores señalados figuraron Rodrigo Wong Arévalo, director y propietario de Canal 10; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces; Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, y el periodista Adán López, también de Radio Cadena Voces.
De acuerdo con la acusación, algunos de los periodistas fueron señalados como “sicarios de la verdad”, mientras que a López se le vinculó públicamente con el crimen organizado.
Los comunicadores denunciaron los hechos ante organismos de derechos humanos y el Ministerio Público, acompañados por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU). Posteriormente, expresiones similares aparecieron en pancartas colocadas en distintos puntos de Tegucigalpa, lo que fue denunciado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como una estrategia de intimidación contra periodistas y medios de comunicación.
La Fiscalía sostiene que Hernández, debido a su formación, experiencia y jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas, conocía las garantías constitucionales y legales relacionadas con la libertad de prensa y expresión. En ese sentido, considera que la difusión reiterada de los mensajes tuvo como propósito desacreditar a periodistas, desincentivar la fiscalización social y generar un efecto de autocensura.
La defensa del exjefe militar ha presentado distintos recursos procesales para cuestionar el avance del proceso. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han denunciado que estas acciones podrían constituir maniobras dilatorias para evitar la comparecencia de Hernández.
Asimismo, ASOPODEHU y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) denunciaron presuntas presiones contra el juez que conoce el caso, señalamientos que han sido rechazados por los funcionarios judiciales involucrados. El propio juez Rodríguez también ha negado haber recibido presiones o amenazas.
Otra denuncia contra Hernández
La comparecencia de este miércoles podría no ser el único proceso judicial que enfrente el exjefe militar.
El periodista Mario López informó que el Ministerio Público reactivó una denuncia contra Hernández por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Según López, el caso está relacionado con una denuncia que presentó luego de que su hija, quien en ese momento era cadete de una academia militar, habría sido víctima de un presunto abuso por parte de otro cadete, quien supuestamente le suministró una sustancia ilícita mezclada en una bebida energizante sin su consentimiento.
El periodista aseguró que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas tuvo conocimiento de la situación, pero que no habría ordenado una investigación exhaustiva. También denunció que, tras insistir en que se esclarecieran los hechos, él y su familia fueron víctimas de amenazas y acoso, situación que, según relató, lo llevó a cambiar de residencia, salir temporalmente del país e ingresar al Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Por ahora, la audiencia de este miércoles se centra en el requerimiento presentado por la FEPRODDHH por los señalamientos relacionados con la libertad de prensa y expresión.
