El Gobierno de Honduras aprobó, mediante el PCM 015-2026, la expropiación por causa de utilidad pública de los bienes inmuebles o partes de terrenos necesarios para liberar el derecho de vía y permitir la continuidad de la construcción del libramiento sur de Tegucigalpa.
La medida fue aprobada en Consejo de Ministros y anunciada desde Casa de Gobierno por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, acompañado por autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa.
El proyecto contempla la construcción de aproximadamente ocho kilómetros de carretera para conectar el anillo periférico, a la altura de La Cañada, con el kilómetro 7.5 de la carretera CA-5 Sur, en el sector de El Tizatillo.
De acuerdo con las autoridades, por este corredor circulan diariamente más de 35 mil vehículos, por lo que la nueva vía busca convertirse en una alternativa para los conductores que se movilizan entre Tegucigalpa y los municipios ubicados al sur de la capital.
La obra también pretende reducir los tiempos de desplazamiento para habitantes de zonas como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura, El Tizatillo y Sabanagrande, cuyos recorridos hacia la capital pueden prolongarse durante varias horas.
El proyecto acumula siete meses de retraso debido a las dificultades para liberar completamente el derecho de vía. La subsecretaria de Infraestructura y Transporte, Liana Martínez, explicó que la orden de inicio fue emitida el 29 de septiembre de 2025 y que el plazo original de ejecución era de 24 meses.
Martínez señaló que ya se han desarrollado trabajos de terracería, pero existen puntos donde todavía no se cuenta con el acceso necesario para instalar equipos destinados a la producción de concreto y avanzar posteriormente con la pavimentación.
Ante esta situación, el Ejecutivo decidió recurrir a la figura de expropiación por utilidad pública para garantizar la disponibilidad de los terrenos requeridos para la obra.
El asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que la medida está sustentada en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, así como en el artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
El funcionario aseguró que los propietarios de los terrenos afectados recibirán el pago correspondiente al justiprecio establecido conforme al procedimiento legal.
Una vez realizada la declaratoria, las autoridades deberán notificar a los propietarios y efectuar el pago de la indemnización. En caso de que alguno de los afectados no esté de acuerdo con el monto establecido, la SIT podrá consignar los recursos ante el juzgado civil correspondiente o una institución bancaria, donde permanecerán disponibles para el propietario.
Los afectados también conservarán el derecho de acudir a los tribunales para impugnar el monto fijado como justiprecio.
El Gobierno enfatizó que la expropiación no implica desconocer el derecho a la propiedad privada y reiteró que las personas cuyos terrenos sean requeridos para el proyecto deberán recibir la compensación correspondiente.
“Como Gobierno responsable, lo que aquí hemos expresado de manera técnica y de manera legal: el pago al justiprecio por las tierras que se necesitan para este libramiento va. Eso no es negociable”, señalaron las autoridades.
Con la aprobación del PCM 015-2026, el Ejecutivo pretende destrabar la adquisición de los terrenos pendientes y acelerar la ejecución del libramiento sur, una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad, reducir los congestionamientos y disminuir los tiempos de traslado en uno de los principales accesos de Tegucigalpa.
