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Gobierno iniciará en octubre negociación con el FMI para extender programa económico hasta 2030

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el Gobierno iniciará en octubre la sexta negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo que abarque el período 2027-2029 y concluya en enero de 2030.

El funcionario explicó que la meta es preservar el orden macroeconómico del país, fortalecer la confianza de los organismos internacionales y dar continuidad al cumplimiento de los estándares financieros establecidos en el actual programa.

Hernández Hércules destacó que, si Honduras supera con éxito todas las revisiones del acuerdo vigente, se convertirá en uno de los pocos países que han logrado completar de manera íntegra este tipo de programas con el organismo internacional.

Asimismo, señaló que todavía existen desafíos importantes para cumplir las metas estructurales, entre ellos la reducción de las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una problemática que calificó como histórica y que ha dificultado el cumplimiento de acuerdos anteriores con el FMI.

El titular de la Secretaría de Finanzas indicó que también permanece pendiente el pago a proveedores de la estatal eléctrica y la aprobación, en el Congreso Nacional, de varias reformas consideradas prioritarias.

Entre ellas mencionó las modificaciones a la Ley contra el Lavado de Activos y a la Ley sobre Financiamiento del Terrorismo, iniciativas impulsadas en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), las cuales ya fueron remitidas al Poder Legislativo y esperan ser discutidas.

En relación con la ejecución del Presupuesto General de la República 2026, el ministro informó que actualmente alcanza alrededor del 48 %, porcentaje que atribuyó al retraso en la aprobación del presupuesto durante los primeros meses del año.

Finalmente, Hernández Hércules aseguró que la Secretaría de Finanzas ha instruido a las instituciones del Estado a acelerar la ejecución de los recursos destinados a inversión pública, especialmente los 48 mil millones de lempiras asignados para obras de infraestructura y proyectos orientados a beneficiar a las comunidades con mayores necesidades.

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