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Imponen detención judicial a presunto responsable del asesinato de abogado vinculado al caso Angie Peña

La Corte Suprema de Justicia impuso la medida de detención judicial contra Jeremías TJ Ávila Dilbert, señalado por su presunta responsabilidad en el asesinato del abogado y testigo protegido Dereck Isaac McNeil James, quien estaba relacionado con las investigaciones por la desaparición de la joven Angie Peña.

Tras la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, el imputado fue remitido al Centro Penal de El Porvenir, en el departamento de Atlántida, donde deberá permanecer bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Según la acusación, Ávila Dilbert estaría vinculado con el asesinato de McNeil James, quien tenía la condición de testigo protegido dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de Angie Peña, joven desaparecida en la isla de Roatán en enero de 2022.

La detención judicial constituye la medida cautelar impuesta mientras se desarrolla el proceso y no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad. La responsabilidad del imputado deberá determinarse conforme avance el proceso y se valoren los elementos presentados por las partes ante los tribunales.

Audiencia inicial será el 26 de agosto

Como parte de las actuaciones judiciales, la audiencia inicial quedó programada para el miércoles 26 de agosto a las 9:00 de la mañana.

Durante esta diligencia, el Ministerio Público deberá presentar los elementos de prueba que sustentan la acusación, mientras que la defensa del imputado tendrá la oportunidad de plantear sus argumentos y ejercer las acciones correspondientes.

La audiencia será determinante para establecer si el proceso continúa hacia una etapa posterior y si existen suficientes elementos para mantener la acusación contra Ávila Dilbert.

El asesinato de McNeil James ha cobrado especial relevancia debido a su condición de testigo protegido y a su relación con las investigaciones que buscan esclarecer diferentes hechos vinculados al caso de Angie Peña.

El proceso judicial continuará bajo la responsabilidad de las autoridades competentes, mientras se desarrollan las diligencias necesarias para esclarecer el crimen y determinar la participación que habría tenido el imputado en los hechos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias del asesinato y recopilar los elementos que permitan determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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