-Conflicto agrario tiene décadas, no nació hace siete meses, aclara Francisco Fúnez
Tegucigalpa.- El gobierno está en contra de las tomas e invasiones de tierras por parte de ciertos grupos campesinos, pero a los cuales no se les puede desalojar sin una orden judicial.
Así lo afirmó el titular del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, luego que en el sur y otras zonas del país, sectores campesino han invadido más de 12,000 hectáreas productivas, lo que ha sido denunciado por los empresarios afectados.
En ese orden, el funcionario rechazó que el fenómeno de la conflictividad agraria surgió hace siete meses con la asunción dle poder del gobierno actual.
Mesa
No obstante, como el tema es altamente sensitivo, se ha instalado una gran mesa de diálogo en la cual participan ek gobierno, empresarios, campesinos, Ministerio Público y la vamos ampliar con la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Planteó que la conflictividad agraria puede ser generada por un desequilibrio entre el acceso a la tierra, la forma de adquirir la propiedad privada y la falta de equidad en el agro.
Posiblemente, hasta el marco jurídico está inclinado a un solo sector, es decir, eso es parte de un marco jurídico que se viene arrastrando desde hace muchos años, aseguró Fúnez.
Para el caso, la violencia en el Bajo Aguán, que tiene que ver con el pleito de tierras y el irrespeto a los derechos humanos, el gobierno ha tratado de frenarla a través de los consensos.
Eso ha dado como resultados que en doce años de la dictadura unas 147 personas fallecieron como producto de ese conflicto y en siete meses del actual gobierno unicamente se han registrado tres fallecidos, concluyó.
