El secretario privado de la Presidencia estableció el 31 de diciembre como plazo para completar los procesos de desvinculación y pidió respetar las prestaciones y los derechos laborales de los trabajadores.
El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, instruyó a los ministros del gabinete gubernamental a gestionar antes del 31 de diciembre la salida de los empleados vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) que todavía laboran en distintas instituciones del Estado.
La directriz fue comunicada durante una reunión con funcionarios del Gobierno, en la que Castro señaló que el plazo es improrrogable y que cada dependencia deberá garantizar que los procedimientos se desarrollen conforme a la ley y respetando los derechos laborales.
El funcionario indicó que las desvinculaciones deberán formalizarse mediante los acuerdos correspondientes y con el pago de las prestaciones que legalmente correspondan, a fin de evitar demandas y nuevos compromisos económicos para la administración pública.
También pidió que los procesos se realicen sin confrontaciones ni acciones que puedan interpretarse como maltrato hacia los empleados afectados.
“Si solo es de acercarse, decirle: Ya trabajaste cuatro años. Es el turno de nosotros. Dame espacio. Aquí están tus prestaciones”, expresó Castro al explicar cómo deberían manejarse las salidas.
El secretario privado advirtió sobre las consecuencias financieras que pueden generar los despidos mal gestionados y recordó que las instituciones públicas enfrentan riesgos de demandas cuando incumplen las obligaciones establecidas en la legislación laboral.
En ese contexto, aseguró que el actual Gobierno recibió compromisos financieros por aproximadamente 4,700 millones de lempiras, relacionados con demandas laborales acumuladas por administraciones anteriores, monto que, según indicó, fue identificado el 27 de enero.
Castro sostuvo que esta situación debe servir de referencia para evitar que el Estado continúe acumulando responsabilidades económicas y reiteró que las desvinculaciones deberán ejecutarse de manera ordenada, legal y con respeto a los derechos de los trabajadores.
