Más de ciento cincuenta y ocho personas quedaron en peligro de muerte tras la decisión de la Presidenta Xiomara Castro de cerrar el Sistema de Protección para Periodistas, Abogados y Defensores de los Derechos Humanos.
Dicho sistema se implemento ante las demandas de organismos internacionales como la ONU, la OEA y otros que expresaron su preocupación desde hace ya varios años por los asesinatos de comunicadores sociales, activistas de los Derechos Humanos y una aterradora cifra de Profesionales del Derecho.
La determinación de cerrar este sistema de protección fue argumentado bajo la premisa que sus empleados pertenecían al Partido Nacional de Honduras por lo tanto habría que hacer barrida, sin pensar en el riesgo de perder la vida en el que se encuentran las personas acogidas bajo este régimen.
