La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH señaló que Honduras necesita fortalecer las capacidades de investigación criminal, garantizar el respeto a los derechos humanos y proteger a las víctimas frente al avance de las estructuras delictivas.
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, advirtió que realizar capturas sin contar con investigaciones criminales sólidas puede provocar que los detenidos recuperen su libertad posteriormente.
La especialista señaló que la violencia y la criminalidad han superado las capacidades de las instituciones del Estado, mientras la población demanda condiciones de seguridad que le permitan vivir sin miedo.
“En Honduras tenemos un problema. La violencia y la criminalidad han sobrepasado las instituciones y el Estado. Y la sociedad necesita vivir sin miedo. Una seguridad ciudadana. Reconocemos la obligación del Estado de Honduras de combatir a los grupos criminales. Porque uno de los principales problemas que tenemos es el control del territorio”, manifestó.
Ayestas indicó que las maras, pandillas, bandas delictivas y redes vinculadas al narcotráfico mantienen presencia en barrios y colonias de distintos municipios del país, por lo que consideró necesario recuperar el control territorial y fortalecer la autoridad del Estado.
Sin embargo, sostuvo que las estrategias de seguridad no deben limitarse a reaccionar ante los hechos delictivos, sino que deben estar respaldadas por investigaciones eficaces y procedimientos que respeten los derechos humanos y el principio de legalidad.
“Una investigación criminal rigurosa. No capture hoy y salga libre después o investigue después”, expresó, al insistir en la necesidad de que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia cuenten con las capacidades necesarias para sustentar sus actuaciones.
Finalmente, destacó que las víctimas deben recibir protección y garantías para denunciar los delitos y recuperar la tranquilidad. También consideró fundamental establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar las acciones ejecutadas por las autoridades y los resultados obtenidos en el combate a la criminalidad.








