El Ministerio Público confirmó la presentación de un requerimiento fiscal contra los creadores de contenido conocidos en redes sociales como “Urías Lobo” y “Soy Rosel”, señalados por su presunta participación en el delito de trato degradante agravado contra un niño en Danlí, departamento de El Paraíso.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, Urías Lobo ya fue capturado, mientras que la Fiscalía también solicitó la detención de “Soy Rosel”, con el propósito de que ambos respondan ante las autoridades judiciales por los hechos que se les atribuyen.
El caso se relaciona con un hecho ocurrido en Danlí, donde los tiktokers habrían sometido al menor a un trato considerado degradante, situación que fue denunciada y posteriormente investigada por las autoridades.
Posibles medidas cautelares
El delito de trato degradante está contemplado en el Código Penal hondureño y establece una pena de uno a dos años de prisión. Al ser considerado agravado, la pena puede incrementarse en una tercera parte, por lo que el proceso se mantiene dentro del rango de los delitos de menor gravedad.
Debido a la pena prevista, durante el desarrollo del proceso judicial podría solicitarse una fianza y la imposición de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, siempre que se acrediten las condiciones establecidas por la legislación.
Entre las medidas que podrían ser consideradas se encuentran la presentación periódica ante el juzgado, la prohibición de salir del país y otras restricciones que el tribunal estime necesarias para garantizar que los imputados permanezcan sometidos al proceso.
La decisión sobre las medidas cautelares dependerá de la valoración que realice el juez, tomando en cuenta elementos como los antecedentes penales de los imputados, el arraigo familiar, las circunstancias del caso y las garantías que se presenten para asegurar su comparecencia.
Asimismo, podrá valorarse la reparación de los daños ocasionados a la víctima, sin que esto implique por sí mismo una determinación anticipada sobre la responsabilidad penal de los señalados.
El Ministerio Público indicó que continuará con las acciones correspondientes para que los involucrados respondan ante la justicia por los hechos investigados, mientras será el órgano jurisdiccional competente el encargado de determinar las medidas y resolver sobre la responsabilidad que corresponda conforme avance el proceso.
