La Municipalidad de La Unión, departamento de Olancho, enfrenta una deuda que asciende a aproximadamente 890 millones de lempiras, derivada de un proceso judicial relacionado con una compañía minera que obtuvo una concesión, pero que finalmente no pudo desarrollar sus operaciones en el municipio.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó este jueves sobre la situación y explicó que la deuda se originó luego de un embargo judicial promovido por la empresa minera, tras no poder concretar sus actividades pese a haber recibido la concesión correspondiente.
Aspra señaló que la administración municipal de aquel momento no habría ejercido una defensa adecuada ante el proceso judicial y terminó asumiendo la responsabilidad por el pago de la obligación.
“Esa decisión unilateral del alcalde que estaba en aquel momento de responsabilizar a una corporación por 890 millones debe ser dilucidada en el Ministerio Público, y es parte de la denuncia que ha presentado el Tribunal Superior de Cuentas”, manifestó el procurador.
Por su parte, el actual alcalde de La Unión, Hinmy Ferrera, afirmó que la municipalidad enfrenta las consecuencias de decisiones adoptadas por administraciones anteriores y explicó que el problema se remonta a varios años atrás, cuando empresas mineras intentaron establecer operaciones en el municipio.
Ferrera recordó que durante el primer gobierno de Juan Orlando Hernández una empresa minera llegó al municipio para solicitar un permiso de operación. Sin embargo, según explicó, el proceso no se habría desarrollado conforme a los procedimientos correspondientes y posteriormente la población manifestó su oposición a la actividad minera.
“En el primer gobierno de Juan Orlando Hernández fue en donde los mineros llegaron al municipio solicitando un permiso de operación, no se dio los procedimientos correspondientes y la población se opuso a esta actividad”, declaró.
El alcalde explicó que, aunque una empresa logró obtener una concesión minera, finalmente no pudo continuar con los procedimientos necesarios para iniciar operaciones.
Ante esta situación, la compañía acudió a los tribunales de justicia e interpuso una demanda contra la municipalidad. De acuerdo con Ferrera, la administración municipal anterior alcanzó posteriormente un acuerdo con la empresa demandante para cancelar aproximadamente 110 millones de lempiras.
Sin embargo, el compromiso de pago no fue cumplido por la municipalidad, lo que provocó que la obligación aumentara hasta alcanzar los 890 millones de lempiras debido al proceso judicial y las condiciones establecidas.
Ferrera detalló que actualmente se deducen alrededor de dos millones de lempiras mensuales de las transferencias que recibe la municipalidad, como parte del cumplimiento de la obligación.
Ante el monto pendiente y el ritmo de las deducciones, el alcalde estimó que la deuda podría tardar aproximadamente 100 años en ser cancelada si se mantiene el esquema actual de pagos.
La situación representa una fuerte presión para las finanzas de la municipalidad, debido a que parte de los recursos que deberían ser destinados a obras y servicios para la población son utilizados para atender el compromiso derivado del embargo.
Para informar a los habitantes y explicar el impacto que tiene la deuda sobre las finanzas municipales, la Alcaldía de La Unión anunció la realización de un cabildo abierto el próximo 20 de septiembre.
Durante la actividad, las autoridades municipales prevén exponer a la población los antecedentes del proceso, el estado actual del embargo y las consecuencias que representa para las finanzas de la comuna.
