La Asamblea Nacional de Nicaragua incorporó a la iniciativa de reforma parcial a la Constitución, cuya aprobación está prevista para septiembre, una disposición que busca dejar sin efectos jurídicos aquellas leyes extranjeras que, según el texto propuesto, pretendan imponerse sobre la voluntad del país.
La modificación fue incorporada al proyecto mediante una reforma al actual artículo 12 de la Constitución Política de Nicaragua, según informó el Legislativo la noche del sábado.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los diputados de la Asamblea Nacional y sectores consultados durante una sesión especial celebrada en el marco de la conmemoración del 48 aniversario de la acción armada con la que un comando sandinista tomó el Palacio Nacional de Nicaragua, el 22 de agosto de 1978.
La disposición plantea establecer una posición constitucional frente a normas o disposiciones emitidas desde el extranjero que puedan tener efectos sobre Nicaragua, al señalar que estas no tendrán validez jurídica cuando pretendan imponerse sobre la voluntad nacional.
Reforma será aprobada en septiembre
La nueva disposición se suma a la iniciativa de reforma parcial de la Constitución que el Parlamento nicaragüense prevé aprobar durante septiembre.
El proyecto ha sido sometido a un proceso de discusión y consulta dentro de la Asamblea Nacional, institución que mantiene una estrecha relación con el Ejecutivo.
Con la modificación propuesta al artículo 12, los legisladores buscan incorporar expresamente en la Constitución un principio relacionado con la soberanía nacional y la aplicación de disposiciones jurídicas provenientes de otros países.
La Asamblea Nacional informó que la incorporación de esta enmienda fue respaldada de manera unánime por los diputados y los sectores que participaron en la sesión especial.
La decisión se produce en un contexto en el que Nicaragua mantiene una postura crítica frente a medidas y disposiciones adoptadas por gobiernos extranjeros que considera contrarias a sus intereses nacionales.
La reforma deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de su aprobación definitiva, prevista para septiembre.
