Las autoridades reafirmaron su disposición de ejecutar las medidas aprobadas por el Congreso Nacional. Tomás Zambrano aseguró que en los últimos nueve días han sido detenidos unos 66 presuntos criminales.
Los titulares de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en Honduras manifestaron su disposición de implementar las reformas penales que apruebe el Congreso Nacional para combatir la criminalidad, tras una reunión con la junta directiva y los jefes de bancada del Poder Legislativo.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que las autoridades presentes son responsables de aplicar las leyes y herramientas jurídicas aprobadas para enfrentar a las estructuras criminales. Además, afirmó que las medidas adoptadas ya están dando resultados y destacó la detención de aproximadamente 66 presuntos criminales durante los últimos nueve días.
En la comparecencia participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo; el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes; el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez; el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera; y el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Hosvan Barahona, entre otras autoridades.
Vallecillo reafirmó el compromiso del Poder Judicial de actuar contra la delincuencia común y el crimen organizado, y sostuvo que las instituciones del Estado están coordinando esfuerzos para enfrentar la situación de seguridad.
“Hoy ha sido importante para nosotros, ya que reafirmamos una vez más desde el Poder Judicial que la institucionalidad de Estado está funcionando de manera que nos estamos organizando frente a la delincuencia”, expresó el titular de la CSJ.
El magistrado también reconoció que históricamente el país ha enfrentado dificultades para contener el crecimiento de la criminalidad y señaló que actualmente los poderes del Estado han afinado políticas de seguridad a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Por su parte, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes, destacó las medidas legislativas adoptadas para fortalecer el marco penal, entre ellas la declaratoria de grupos terroristas a tres asociaciones que operan en el país.
Reyes calificó las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal como herramientas necesarias para que los operadores de justicia puedan actuar frente a la criminalidad organizada. Asimismo, aseguró que el Ministerio Público está dispuesto a poner sus capacidades y recursos al servicio de la persecución de estos delitos.
“Estamos juntos trabajando de la mano”, manifestó el fiscal general, al subrayar que la seguridad de los hondureños debe asumirse como un compromiso de país.
Las autoridades coincidieron en la importancia de la coordinación entre los poderes del Estado y las instituciones de seguridad y justicia para aplicar las disposiciones legales y fortalecer la respuesta frente a las estructuras criminales.
