Las abogadas Jenny Almendares y Delma Ordóñez presentaron este viernes un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto 208-2026.
La acción legal fue interpuesta en representación de la Asociación de Familiares y Personas Privadas de Libertad (Asocideh), organización que cuestiona parcialmente tanto la forma como el contenido de la normativa.
Almendares explicó que el recurso plantea posibles afectaciones a derechos que, a su criterio, deben mantenerse garantizados incluso cuando una persona se encuentra privada de libertad.
Entre ellos mencionó el derecho a la dignidad y la prohibición de la discriminación. La profesional del derecho sostuvo que algunas disposiciones del decreto establecen un trato diferenciado para determinados grupos de la población penitenciaria.
El decreto 208-2026 establece reformas al sistema penitenciario y contempla medidas más restrictivas para personas privadas de libertad consideradas peligrosas y para integrantes de estructuras criminales declaradas terroristas.
Almendares cuestionó particularmente las restricciones relacionadas con las actividades de recreación dentro de los centros penitenciarios. Señaló que la privación de libertad no implica, desde su planteamiento, la pérdida de otros derechos fundamentales.
La representante de Asocideh también anunció que la organización analiza recurrir a mecanismos internacionales para exponer lo que considera posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes derivados de las disposiciones cuestionadas.
El recurso deberá ser analizado por la Sala de lo Constitucional, que tendrá que determinar si los argumentos planteados cumplen con los requisitos correspondientes y resolver sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
