La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Decreto 111-2026, que establece un incremento de las penas para el delito de femicidio.
La información fue dada a conocer por la abogada Jenny Almendares, quien explicó que los recursos, interpuestos por los abogados Leonel Núñez y Fernando González, buscaban revertir las reformas aprobadas por el Congreso Nacional.
El decreto establece penas de entre 30 y 40 años de prisión por el delito de femicidio, que pueden alcanzar hasta 60 años cuando exista concurso real con otros delitos.
Almendares aclaró que la resolución corresponde únicamente a los recursos relacionados con el femicidio, mientras que el planteamiento de inconstitucionalidad contra las reformas sobre violencia doméstica continúa pendiente de resolución.
“Nos sentimos satisfechas porque se va a mantener el delito de femicidio, se va a mantener agravado el delito de femicidio”, manifestó la profesional del derecho.
Según la interpretación de Almendares, la Sala consideró que establecer penas diferenciadas para el femicidio no vulnera el principio de igualdad ante la ley.
No obstante, la abogada advirtió que el endurecimiento de las penas por sí solo no resolverá la violencia contra las mujeres y llamó a fortalecer las políticas de prevención.
En ese sentido, planteó reforzar la educación desde las escuelas, prevenir y sancionar la violencia sexual y doméstica y promover nuevas masculinidades, al considerar que estos hechos pueden escalar hasta terminar en un femicidio.
