La prolongada sequía que afecta a Honduras está agravando las condiciones de seguridad alimentaria, especialmente en el denominado corredor seco, donde alrededor de 2.2 millones de personas enfrentan los efectos de la falta de lluvias, la reducción de cultivos y el incremento en el precio de los alimentos.
Los pedidos de auxilio se multiplican desde distintas zonas del país, principalmente entre campesinos, pobladores que dependen de fuentes de agua, productores y autoridades municipales. Ante este escenario, el Gobierno ha intensificado la entrega de alimentos, bonos y maquinaria agrícola para atender a las familias afectadas en los municipios declarados en emergencia.
La coordinadora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, María Luisa García, explicó que desde marzo se da seguimiento a las condiciones alimentarias de la población y advirtió que aproximadamente 1.8 millones de hondureños ya tienen dificultades para garantizar los tres tiempos de comida.
Según García, esta cifra podría incrementarse hasta los 2.2 millones si continúan las condiciones climáticas y económicas adversas.
Uno de los principales factores de preocupación es la pérdida de cultivos y la afectación a la ganadería. La falta de agua ha reducido la producción de alimentos básicos como maíz y frijoles, además de disminuir la disponibilidad de alimento y agua para los animales, situación que también puede provocar incrementos en los precios de los productos.
En Ojojona, Francisco Morazán, uno de los municipios afectados por la sequía, el alcalde Ángel Rafael Aguilar estimó que unas 4,500 personas enfrentan necesidades de alimentos y agua debido al agotamiento de los ríos.
“Creo que tenemos unas 4,500 personas que están padeciendo de necesidades de alimentos y agua porque los ríos están secos”, manifestó.
El edil advirtió además sobre el impacto que la pérdida de las cosechas está generando entre los productores. “El gobierno bien sabe que el alimento del campesino es el maíz y frijol y si no tenemos estos alimentos, estamos jodidos”, expresó.
La situación también es reflejada por los propios agricultores. María Martínez, campesina de la zona, relató que la cosecha de maíz de primera se perdió y que ahora mantienen sus esperanzas en el denominado maíz de montaña.
“Bueno, el maíz de primera se perdió, ahora tenemos la fe en el maíz de montaña a ver qué dice Dios”, expresó.
Al ser consultada sobre si ha recibido asistencia gubernamental o municipal, respondió que hasta el momento no.
En San José, Choluteca, la falta de alimentos también comienza a impactar directamente a los menores. El director de la Escuela Ramón Rosa, Abilio Cárdenas, denunció que algunos niños se están acostando con hambre debido a la ausencia de alimentos y fuentes de empleo en la zona.
“Aquí no hay alimentos, ni para las personas, ni para los animales, necesitamos el apoyo del gobierno por la niñez, aquí no hay fuente de trabajo y lo único es el agro, pero como no llovió, no hay comida”, lamentó el docente.
A la reducción de la producción agrícola se suman los elevados costos de los combustibles, insumos y servicios utilizados para producir y trasladar los alimentos, factores que terminan trasladándose al consumidor.
El Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional mantiene vigilancia sobre alrededor de 30 productos comercializados en mercados populares y ha identificado incrementos en alimentos esenciales, entre ellos los frijoles.
La preocupación no se limita a la disponibilidad de alimentos, sino también a la capacidad de las familias para adquirirlos. García señaló que hasta el 90 % de un salario mínimo puede destinarse a la compra de alimentos, dejando pocos recursos para cubrir necesidades como vivienda, transporte, salud y educación.
El problema se agudiza entre los hogares cuyos ingresos dependen del trabajo diario. De acuerdo con los datos expuestos por la especialista, aproximadamente el 22 % de la población cuenta con ingresos mensuales, mientras el 78 % depende de ingresos obtenidos diariamente.
En estos hogares, cualquier aumento en el precio de los productos básicos tiene un impacto inmediato y puede obligar a reducir la cantidad o calidad de los alimentos consumidos.
Las autoridades y organizaciones que dan seguimiento a la situación advierten que, si la sequía continúa y no se recuperan los cultivos durante los próximos meses, la crisis de seguridad alimentaria podría profundizarse, especialmente en las comunidades rurales donde la agricultura constituye prácticamente la principal fuente de alimentos e ingresos.
