Una resolución emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, determinó que el PCM que ordenaba la asignación presupuestaria de cuatro mil millones de lempiras para las Fuerzas Armadas para que reactivaran la actividad agrícola del país es inconstitucional.
Los militares tendrán que rendir cuentas sobre estos cuatro mil millones de lempiras que se les asigno durante el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, tendrán que rendir cuentas sobre cada bolsa de fertilizantes, de insumos agrícolas que compraron, cuantas hectáreas sembraron de granos básicos y sus respectivas liquidaciones.