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8 mil empleos directos y 5 mil indirectos están a punto de perderse por política frontal contra la minería del actual gobierno.

Empresas mineras que llegaron al país con una alta calificación en la bolsa de valores en los Estados Unidos y que sobre todo cumplieron con todo el proceso legal establecido en el país se ven amenazados con la llegada del gobierno de Xiomara Castro.

El pretender impulsar medidas contra la minería legal en Honduras podría acarrear problemas de Indole legal por demandas millonarias contra el estado por irrespetar concesiones ya adjudicadas en debida forma.

Con la pretensión de cerrar las minas se dejaría sin empleo a ocho mil hondureños de manera directa y casi nueve mil de manera indirecta ademas se perderían millones de Lem piras por concepto de impuestos que estas empresas mineras le pagan a las municipalidades donde se ubica la actividad minera.

Desde ya existe una enorme preocupación entre los pobladores de las zonas que se ven beneficiadas con trabajo director indirecto y con la actividad comercial que se genera con la presencia de las empresas mineras en estas comunidades.

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