La decisión de un juez hondureño de dictar prisión domiciliaria al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona Erazo y a cuatro exfuncionarios, en el marco del escándalo conocido como “Chequesol”, ha elevado la tensión en el ámbito político y social del país por la magnitud de las acusaciones y las consecuencias que podrían tener para la credibilidad institucional y el futuro del sistema judicial.
La controversia se agrava por las recientes acusaciones públicas de Cardona, quien vinculó directamente a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo con influencias políticas de alto nivel. Según Cardona, la diputada le habría confesado que se sentía protegida judicialmente gracias a una relación personal con un miembro de la familia Zelaya, asociada tanto al actual gobierno como al Partido Libertad y Refundación (Libre).
Cardona declaró ante la prensa en Tegucigalpa: “El día que renuncié, el 28 de junio de 2025, la diputada Cuéllar me lo dijo en persona: que ella iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya, mientras yo no tenía ese tipo de protección”. Estas afirmaciones, que han sido negadas tajantemente por diversos actores institucionales, han generado un intenso debate sobre la posible existencia de favores políticos en el manejo judicial del caso.
La medida judicial dictada durante la audiencia de declaración de imputados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también afecta a Eleny Kassandra Galeas Arias, Iris Paola Pérez Moreno, Ilsy Valeska Baquedano Mejía y Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, responde a la necesidad de asegurar la comparecencia de los procesados en la audiencia inicial del 6 de febrero de 2026 y mantener sus lazos familiares, aunque seguirán bajo custodia policial.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) imputa a los involucrados un total de 67 delitos de fraude por su presunta participación en el desvío de más de seis millones de lempiras (228.000 dólares) de programas sociales destinados a comunidades vulnerables.
La trama del caso “Chequesol” se remonta al 23 de junio de 2025, fecha en la que la filtración de videos y documentos expuso irregularidades en la gestión de los fondos del Fondo de Administración Solidaria (FAS), bajo la dirección de Sedesol. La investigación reveló que cientos de beneficiarios no cumplían con los criterios de vulnerabilidad y que empleados del área dirigieron recursos hacia personas vinculadas políticamente o con la administración, en desmedro de quienes realmente requerían la asistencia estatal.
Informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya advertían sobre anomalías en proyectos gestionados por la diputada Cuéllar en el departamento de Copán, donde los fondos públicos supuestamente favorecieron a allegados, familiares y activistas, en vez de a destinatarios legítimos.
En respuesta a la oleada de señalamientos, el Partido Libre optó en julio de 2025 por suspender a Isis Cuéllar de diversos cargos internos. La diputada renunció al fuero parlamentario, una decisión interpretada por la dirigencia como parte de la política de tolerancia cero ante actos de corrupción. Simultáneamente, líderes políticos y antiguos presidentes expresaron críticas públicas hacia su gestión y el uso de recursos estatales.
La causa penal contra Cardona y sus colaboradores se enmarca en un contexto de cuestionamientos crecientes sobre la transparencia en el manejo de fondos oficiales y la influencia de intereses partidarios sobre los programas sociales. Analistas y organizaciones de la sociedad civil remarcan que el caso revela vulnerabilidades estructurales en los controles estatales y amenaza la percepción de independencia del sistema judicial hondureño.
Cardona, al rechazar los cargos que enfrenta, ha enfatizado que los presuntos delitos se cometieron “a sus espaldas” y que el proceso lo utiliza como “chivo expiatorio” para encubrir a implicados de mayor peso político. La respuesta oficial ha llegado del fiscal general de la República, Johel Zelaya, quien ha reiterado ante los medios que “se hará justicia sin importar quién cometa el delito”.
Por el momento, Isis Cuéllar no ha ofrecido declaraciones públicas en relación con las declaraciones de Cardona, ni sobre la supuesta relación sentimental con un miembro de la familia Zelaya. Permanece vigente una orden de captura en su contra, a la espera de que se defina su situación jurídica conforme avancen las etapas procesales.
Está previsto que el próximo seis de febrero se realice la audiencia inicial, en la que el juez resolverá sobre la admisión formal de cargos y posibles medidas cautelares de largo plazo. El avance de la causa, en medio del escrutinio público, mantiene el interés de la opinión pública y deja en suspenso la capacidad de la justicia hondureña para resolver un expediente en el que convergen acusaciones de corrupción, disputas internas del poder político y posibles vínculos personales de alto perfil.
