La salud es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado a todas las personas sin excepción, incluyendo a quienes se encuentran privadas de libertad. Bajo este principio, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y el Hospital Escuela impulsan la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional orientado a fortalecer el acceso oportuno, continuo e integral a servicios de salud especializados para la población penitenciaria del país.
Esta alianza representa un paso significativo en el fortalecimiento de la atención médica dentro del sistema penitenciario, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.
A través de este convenio se establecerán mecanismos de coordinación que permitirán agilizar la atención de pacientes remitidos por el INP, optimizar los procesos de referencia y contrarreferencia hospitalaria, fortalecer el seguimiento clínico de casos que requieran tratamientos especializados y desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica entre ambas entidades.
Asimismo, la cooperación contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y situaciones de alta complejidad, promoviendo una atención más eficiente, integral y humanizada para la población penitenciaria.
Las autoridades de ambas instituciones coinciden en que garantizar el acceso a la salud dentro de los centros penitenciarios no solo constituye una obligación legal del Estado, establecida en la Constitución de la República, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y demás normativa vigente, sino también una herramienta fundamental para favorecer los procesos de rehabilitación y reinserción social.
Con la puesta en marcha de este convenio, el Instituto Nacional Penitenciario reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el sistema nacional de salud para reducir las brechas de acceso a servicios médicos especializados, fortaleciendo un modelo de atención centrado en la persona y basado en principios de solidaridad, eficiencia, humanización y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Esta iniciativa refleja la voluntad institucional de construir un sistema penitenciario más digno, inclusivo y orientado al bienestar integral de las personas bajo custodia del Estado.
